Con la aprobación de 133 ayuntamientos, 36 de ellos de extracción priísta, el Congreso de Puebla ratificó de manera automática a Víctor Carrancá Bourget como primer titular de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupará los próximos siete años.

Los cabildos del tricolor se sumaron en una semana al proyecto que impulsó el bloque de diputados aliancistas e hicieron a un lado la advertencia hecha por Ana Isabel Allende Cano, líder estatal del PRI, respecto a que los ayuntamientos emanados de su partido frenarían la reforma constitucional con la que se encumbraría a Carrancá como responsable de la impartición de justicia en la entidad hasta el 2022.

Incluso las bancadas del PRI y PVEM, las cuales mostraron su desacuerdo por el nombramiento directo del funcionario morenovallista, este martes se sumaron al dictamen que aprobaron las autoridades municipales, a través del cual se modifican los artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Constitución local.

Doblaron las manos

De los 133 municipios que respaldaron la reforma constitucional propuesta por el gobierno del estado, los gobernados por el PRI son: Acatzingo, Ocotepec, Atempan, Atzizihuacán, Cañada Morelos, Coatepec, Cohuecan, Cohetzala, Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Chapulco, San Antonio Cañada, San Pablo Anicano, Santa Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Santiago Mihuatlán, Tecali de Herrera.

Además de Tecomatlán, Chignahuapan, Chila, Huejotzingo, Hueyapan, Ixcaquixtla, Tepango de Rodríguez, Tepexi de Rodríguez, Tlapacoya, Tlaxco, Tziyatlacoyan, Venustiano Carranza, Juan C. Bonilla, Lafragua, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec, Xochiltepec y Zapotitlán.

Funcionario transexenal

La modificación a la Constitución local convertirá a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Fiscalía General del Estado, proceso que forma parte de una armonización federal.

La Fiscalía contará con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual quedó registrado con el cambio al artículo 95 de la Constitución.

Como titular de la Fiscalía, Carrancá Bourget –quien es titular de la PGJ desde 2011- está obligado a rendir un informe ante los diputados, y una vez que concluya el periodo por el que fue designado, el Congreso abrirá el proceso para nombrar a su sucesor.

En esta etapa se integrará una lista de 10 aspirantes, misma que se enviará al Ejecutivo para que elija una terna y, a través de esa selección, los legisladores determinen al nuevo encargado de la impartición de justicia.