Sí hay presos políticos en Puebla, aseguró el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla en una respuesta dirigida al gobierno del estado que ha negado la existencia de éstos.

En un comunicado, El Comité emitió su posicionamiento contradiciendo lo que funcionarios  morenovallistas han calificado como “información falsa”.

“Este comité hizo pública en el mes de abril del presente año la relación de personas que hasta ese momento sabía que se encontraban encarceladas, en proceso de libertad condicional o con órdenes de aprehensión, todas, por haber protestado contra las políticas del gobernador Rafael Moreno Valle”, le reviró.

En el texto además de señalar a 241 presos políticos sólo en esta administración, le hacen saber al gobierno del estado, que el señalamiento parte de la definición aceptada mundialmente de Amnistía Internacional.

“En Puebla hay gente en las cárceles luego de haber protestado porque les secuestraban o destruían sus unidades de mototaxi; por reclamar la devolución de las rutas de transporte público que fueron suprimidas arbitraria e irracionalmente para obligar a la utilización del sistema RUTA, que ha demostrado su incapacidad para satisfacer la demanda ciudadana y una bancarrota financiera que ha endeudado a los contribuyentes; por reclamar contra la imposición de obras que afectaban sus hogares y centros de vida; por ejercer sus derechos agrarios; por oponerse a los cambios en los gobiernos de las juntas auxiliares, que llevaron a la supresión de Registro Civil en ellas; por protestar contra la arbitraria y peligrosa construcción de un gasoducto en la zona de Popocatépetl; por defender el patrimonio histórico de Cholula; por cuestionar políticamente al gobierno, como es el caso de Rubén Sarabia, Simitrio, y su hijo”.

“En todos los casos, quien acusa es el gobierno estatal o alguno municipal por órdenes del gobernador. ¿No es esto una acción política procedente principalmente del gobierno del estado, para suprimir la oposición a sus deseos?”, aduce el comunicado.

La organización reitera que los procesos están llenos de vicios procedimentales, como cuando alcanzan un amparo y les fabrican en pocas horas otros delitos, y que es posible clasificar como torturas muchos de los comportamientos de los agentes gubernamentales durante las detenciones.

Incluso, destacan a cinco integrantes del comité que fueron detenidos junto con otros dos estudiantes de la BAUP el 5 de junio, sin cubrir los requisitos de ley, salieron libres 24 horas después por la decidida acción ciudadana, pero en estos momentos tienen sobre sí la amenaza de que se les abra otro proceso para detenerlos. En este caso, la justicia federal les está negando su derecho de amparo con argucias de barandilla, y tememos que también les estén formando una causa para aprehenderlos.

“El límite de la ilegalidad en nuestro estado y nuestro país ha llegado a extremos sumamente peligroso para la estabilidad social”, finaliza la misiva.

Aquí el documento completo:

RESPUESTA AL GOBIERNO ESTATAL:

El gobierno del estado de Puebla, a través de dos de sus voceros, envió el pasado 10 de agosto una misma carta a los diarios La Jornada y La Jornada de Oriente aseverando que es falsa la afirmación de que en la entidad existen presos políticos. Menciona casos como los Sarabia, los Xicale, los Macuitl y los exediles auxiliares de Resurrección y Canoa, y asegura que todos los procesos se llevan a cabo conforme a la ley y que estos ciudadanos purgan prisión por haber cometido diversos delitos.

Dice también la misiva que “en ningún apartado se señala quiénes son los 241 `presos políticos que con este carácter estima, en el estado de Puebla únicamente quienes cometen actos que transgreden la ley, son quienes deben responder por sus conductas”.

Este comité hizo pública en el mes de abril del presente año la relación de personas que hasta ese momento sabía que se encontraban encarceladas, en proceso de libertad condicional o con órdenes de aprehensión, todas, por haber protestado contra las políticas del gobernador Rafael Moreno Valle.

Con el paso de los días, mucha gente ha contribuido a aumentar esta lista hasta llegar a los 241 que se mencionan en las notas de La Jornada y otros medios, y sabemos que hay más ciudadanos que durante la presente administración han sido reprimidos y tienen procesos de encarcelamiento o amenazas de hacerlo, pero estamos en proceso de determinar sus nombre y situación.

¿Qué es un preso político para este gobierno?¿Existe tal categoría para él? No dice nada al respecto.

Apegándonos a las definiciones aceptadas mundialmente, en especial la de Amnistía Internacional, nosotros afirmamos que presos políticos son aquellas ciudadanas y ciudadanos que han sido detenidas o detenidos en algún momento o tienen órdenes de aprehensión, por el hecho de haber manifestado públicamente su oposición a alguna de las políticas impuestas por el gobierno de Rafael Moreno Valle.

En Puebla hay gente en las cárceles luego de haber protestado porque les secuestraban o destruían sus unidades de mototaxi; por reclamar la devolución de las rutas de transporte público que fueron suprimidas arbitraria e irracionalmente para obligar a la utilización del sistema RUTA, que ha demostrado su incapacidad para satisfacer la demanda ciudadana y una bancarrota financiera que ha endeudado a los contribuyentes; por reclamar contra la imposición de obras que afectaban sus hogares y centros de vida; por ejercer sus derechos agrarios; por oponerse a los cambios en los gobiernos de las juntas auxiliares, que llevaron a la supresión de Registro Civil en ellas; por protestar contra la arbitraria y peligrosa construcción de un gasoducto en la zona de Popocatépetl; por defender el patrimonio histórico de Cholula; por cuestionar políticamente al gobierno, como es el caso de Rubén Sarabia, Simitrio, y su hijo.

En todos los casos, quien acusa es el gobierno estatal o alguno municipal por órdenes del gobernador. ¿No es esto una acción política procedente principalmente del gobierno del estado, para suprimir la oposición a sus deseos?

Son presos políticos quienes están recluidos en diversas cárceles del estado o lo han estado y gozan de una libertad limitada merced al proceso caucional –pagando muchas veces fianzas que los han dejado en la ruina--, o tienen órdenes de aprehensión por estos hechos. También deben considerarse aquellos que fueron detenidos durante muchas horas, incluso torturados, y luego fueron puestos en una libertad también condicionada.

Es preciso reiterar que los procesos están llenos de vicios procedimentales, como cuando alcanzan un amparo y les fabrican en pocas horas otros delitos, y que es posible clasificar como torturas muchos de los comportamientos de los agentes gubernamentales durante las detenciones.

Finalmente, cinco compañeros de este comité que fueron detenidos junto con otros dos estudiantes de la BAUP el 5 de junio, sin cubrir los requisitos de ley, salieron libres 24 horas después por la decidida acción ciudadana, pero en estos momentos tienen sobre sí la amenaza de que se les abra otro proceso para detenerlos. En este caso, la justicia federal les está negando su derecho de amparo con argucias de barandilla, y tememos que también les estén formando una causa para aprehenderlos.

El límite de la ilegalidad en nuestro estado y nuestro país ha llegado a extremos sumamente peligroso para la estabilidad social.

Puebla, Pue. 11 de agosto de 2015

Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.