Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, sí se logró un efectivo acceso a la justicia en el caso del asesinato del niño de Chalchihuapan ocurrido hace casi un año, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló lo contrario.

A principios del mes de junio, el organismo internacional emitió una conclusión sobre la revisión que previamente hizo del tema, basado en un informe emitido por las autoridades mexicanas, y advirtió que El Estado Mexicano aún no ha garantizado un “efectivo” acceso a la justicia en el caso de la muerte del niño, por lo que solicitó al gobierno mexicano el esclarecimiento del caso.

Tehuatlie fue lesionado en la cabeza con un proyectil que fue lanzado mientras policías estatales intentaron dispersar una manifestación que pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan efectuaron el pasado nueve de julio, hecho tras el que 10 días después el menor perdió la vida.

Este lunes, el magistrado presidente del TSJ fue cuestionado sobre la conclusión de la ONU, durante una entrevista que ofreció al terminar la inauguración de Seminario de Formación “Género y Justicia” para Operadoras/es de Justicia” que se desarrolló en el Complejo Cultural Universitario (CCU).

Toledano difirió del pronunciamiento de la ONU, que fue emitido a través del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), al señalar que, desde su perspectiva, sí se logró un adecuad acceso a la justicia para quienes resultaron afectados.

No obstante, comentó que sólo hay procesos judiciales abiertos en contra de los policías estatales que estuvieron involucrados en el operativo, así como de sus mandos, aunque no citó a algún titular de las secretarías involucradas, tales como la de Seguridad Pública o la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Semanas después de ocurrido el asesinato de José Luis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso y señaló que se cometieron violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores de Chalchihuapan, por lo que emitió una recomendación, que entre otros puntos, solicitó al gobierno poblano sancionar a los responsables, hecho que hasta ahora no ocurre según lo dio a conocer el organismo en noviembre de 2014.

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