Sin funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), agentes ministeriales y de las policías federal, estatal y municipal, allanaron la Radio Comunitaria de Zacatepec y colocaron sellos de clausura la madrugada de este sábado.

A las 2:30 de la mañana los uniformados, que portaban armas largas, desmantelaron el local y se llevaron el equipo que reproduce la señal de la radio comunitaria Zacatepec, la voz del Pueblo, que se transmite en la frecuencia 100.5 de fórmula modulada.

El sello de clausura detalla que la acción se desprende del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, abriendo la averiguación previa 259/205/AMPO4.

Este nuevo cierre se da luego del bloqueo de la carretera municipal y la manifestación organizada por el pueblo de Zacatepec, el pasado 27 de mayo, que obligó al alcalde Filemón Aguilar Rodríguez a firmar un acta donde se comprometía a dar revés a las acciones para privatizar el servicio del agua, a desaparecer el nuevo cuerpo de la policía de tránsito que se había impuesto en la comunidad y a no tomar decisiones a espaldas de la comunidad, este acto fue realizado en un Cabildo público.

La convocatoria para esta participación ciudadana fue hecha en un 70 por ciento a través de la Radio Comunitaria, medio crítico que ha visibilizado la problemática que se vive en el estado, la represión del presidente municipal de Juan C Bonilla y el gobernador Rafael Moreno Valle.

“Lo que quieren es callarnos, meter miedo, hay una campaña contra medios libres. Las radios comunitarias que son respetadas ---como las de Huejotzingo—es porque hablan bien del gobernador”, dijo Alejandro Torres, comunicador popular.

En el mes de agosto de 2014, “Zacatepec, la voz del Pueblo” fue ser hostigada y amenazada por la difusión de la información sobre la construcción del gasoducto Morelos y fue clausurada en un aparatoso operativo.

Torres responsabilizó tanto al presidente municipal Filemón Aguilar Rodríguez como al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, de cualquier acto que atente contra la vida de los comunicadores comunitarios.