Las descalificaciones y la “guerra sucia”, son dos factores que alejan a la ciudadanía de las elecciones, explicó el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font.

Comentó que la falta de propuestas para dar paso a las descalificaciones, aumenta el escepticismo entre la población.

“Cuando se experimenta que hay una guerra sucia, entonces, la ciudadanía se vuelve cada vez más escéptica a los procesos democráticos. En el fondo es el gran tema ciudadano. Los ciudadanos se preguntan por la coherencia de las personas”, destacó en entrevista.

En tanto, el director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, señaló que las elecciones del próximo 7 de junio en las que se renovará a los integrantes de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y 17 congresos, son las más complejas en la historia de México.

Resaltó que los comicios se realizan en el marco de la restauración de una política autoritaria, en crisis social, y en un contexto de malestar generalizado  por el caso Ayotzinapa y por el actuar de los políticos que creen que pueden hacer negocio al amparo de la ley.

“Las elecciones intermedias que habrán de desarrollarse en el mes de junio representan unas de las más complejas en la historia del país, por las condiciones actuales de México, así como  por la aplicación del nuevo marco político tras la reforma electoral”, destacó el académico.

Para Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales, el Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado a garantizar  que las modificaciones a la ley se cumplan.

“El INE debe garantizar la participación equitativa de los 22 candidatos independientes que lograron su registro, entre ellos los dos de Puebla; de tal manera que este perfil de candidatos inyecte aire fresco a las campañas y a la partidocracia reinante”, comentó.

En entrevista, el académico señaló que una dimensión que no se debe perder de vista en los próximos comicios, cuántos de los diez partidos políticos actuales lograrán superar el tres por ciento de los votos para conservar su registro, pues las más recientes encuestas ya perfilan a algunos institutos políticos que no alcanzarían esta meta.