Un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 300.6 millones de pesos detectó la Auditoría Superior de la Federación en los recursos que entregó la federación a Puebla en 2013 a través de subsidios para Centros de Educación, por lo que ordenó su recuperación.

A través de la auditoría financiera y de cumplimiento 13-A-21000-02-0728, presentada este miércoles a la Cámara de Diputados, el ente fiscalizador promovió dos recomendaciones por el ejercicio de estos recursos, una sanción administrativa y levantó tres pliegos de observaciones.

En 2013 el gobierno federal entregó 800 millones de pesos para los Centros de Educación, los cuales fueron auditados en su totalidad y se emitieron observaciones en el gasto de 300 millones 660 mil pesos, que representan al 37.6 por ciento de los fondos.

Anomalías detalladas en 3 pliegos

La ASF emitió el pliego de observaciones 13-A-21000-02-0728-06-002 en el que señala un “probable daño o perjuicio” por 150 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados, por transferir recursos de los primeros dos meses del subsidio estatal del 2014 para el ejercicio fiscal de 2013.

El documento especifica que la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla entregó este presupuesto a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como anticipo del subsidio estatal para enero y febrero de 2014, gasto que no corresponde al ejercicio fiscal de 2013.

Un segundo pliego, el 13-A-21000-02-0728-06-003, señala que también con cargo al convenio de subsidio, la Secretaría de Finanzas y Administración transfirió otros 150 millones de pesos federales por concepto de Saneamiento Educativo a la BUAP, sin que la dependencia estatal detallara que los recursos correspondían al programa federal.

Además, el pliego 13-A-21000-02-0728-06-001 presume un probable daño o perjuicio por 660 mil 262.91 pesos que deben reintegrarse a la cuenta de la Tesorería de la Federación por concepto de rendimientos financieros, de los que no se tuvo evidencia de haberse devengado al término del año fiscal y una parte se utilizó para el pago de nóminas de marzo de 2014.

Se incumplen objetivos

El gasto de este subsidio en Puebla registró “inobservancia a la normativa”, principalmente en materia de transferencia, registros contables y transparencia de los recursos, así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Auditoría señaló que estas omisiones provocaron un “probable daño” por 300.6 millones de pesos, por lo que solicitó a la Contraloría General de la BUAP que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie un procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que no observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos.

El organismo determinó que el estado de Puebla no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ninguno de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos, “lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora”.

“En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.