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¿Cómo se despenalizará el aborto en Puebla?

  • Anaid Piñas
La mañana de este viernes se votará en las Comisiones y en caso de aprobarse pasará al pleno para que lo voten los 41 diputados
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Han pasado cinco años y un mes desde que llegaron al Congreso de Puebla las primeras iniciativas para que las mujeres puedan ejercer sus derechos y recurrir a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de forma voluntaria, sin ser criminalizadas.

Las propuestas serán descongeladas y analizadas este viernes 12 de julio por la comisión de Procuración y Administración de Justicia; sin embargo, sólo se reformará el Código Penal local y el aborto seguirá siendo un delito.

Esto a pesar de que algunos proyectos buscaban eliminar de la Constitución Política del Estado el reconocimiento de la vida desde la concepción. Otros, que el servicio se otorgará de forma segura y gratuita.

¿Qué pasará este viernes en el Legislativo?

Este 12 de julio las propuestas de reforma sobre la despenalización del aborto serán analizadas por los integrantes de la comisión de Procuración y Administración de Justicia.

De acuerdo con el dictamen, la interrupción voluntaria del embarazo será considerado como delito cuando se realice después de las 12 semanas de gestación y se castigará con seis meses a un año de cárcel.

En caso de ser aprobado, el proyecto pasará al pleno y será votado por los 41 diputados locales en la sesión ordinaria con la que concluye el periodo legislativo.

Que Puebla se sume a los 14 estados en los que las mujeres pueden decidir libremente sobre ejercer o no su maternidad dependerá del voto a favor de 22 legisladores, pues se hará por mayoría simple.

¿Desde cuándo llegó la iniciativa de reforma al pleno?

El 10 de junio de 2019, en el periodo correspondiente a la LX Legislatura, la diputada priista Rocío García Olmedo presentó una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Salud, con el fin de garantizar la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación de forma “gratuita y segura”.

En noviembre de 2020, la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval sugirió reformar la Ley Estatal de Salud con la intención de que las instituciones públicas de salud sean quienes garanticen el cumplimiento de este derecho.

En junio del 2021, ambas legisladoras presentaron un nuevo paquete de iniciativas para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Puebla, mismas que fueron debatidas y aprobadas en un Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal.

A principios de 2022 los diputados morenistas Carlos Evangelista Aniceto, Daniela Mier, Angélica Cervantes González y José Iván Herrera Villagómez presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para legalizar la ILE.

Con la modificación al Artículo 339 el aborto podrá realizarse antes de las primeras 12 semanas de gestación. Además, no se podrá criminalizar al personal médico por esta práctica, siempre que sea consensuada y contiene sanciones para quienes obliguen a cualquier mujer a abortar.

Para evitar que las iniciativas presentadas ante el Legislativo con la intención de despenalizar el aborto sigan en la congeladora e intentar revertir la omisión legislativa inconstitucional en la que se encuentra el Congreso de Puebla, la diputada Mónica Silva Ruíz, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), presentó dos iniciativas nuevas para revivir la discusión.

Según su proyecto se ampliaría 15 días el periodo en el que una mujer puede solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo, es decir, sería legal hasta las 14 semanas de gestación; además, se intentará que el servicio sea de carácter gratuito.

A finales de octubre del 2022, apoyados de colectivos y agrupaciones pro-vida, la bancada de Acción Nacional (PAN) pidió la creación de la Ley de los Derechos de las Personas No Nacidas del Estado Libre y Soberano de Puebla, integrada por 34 artículos, 8 capítulos y seis transitorios.

En respuesta, la diputada Mónica Silva Ruiz presentó una contrapropuesta con la que buscará que el reconocimiento de la vida desde la concepción sea eliminado de la Constitución Política del Estado, para “avanzar en la progresividad de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres”. (CR)

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