La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) Delegación Puebla, al igual que seis agrupaciones más, entre ellas, Salvemos a la Familia, Porque te Quiero AC, Familia Fuerza del Futuro, y Sentido Común y Vida y Familia, mostraron su rechazo al proyecto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que ayer fue aprobada en la  Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados federal.

Para los tutores y los integrantes de las asociaciones civiles ligadas a la religión católica, la propuesta de ley atenta contra el desarrollo de los menores y evita que los padres de familia participen en la orientación sexual de sus hijos.

Leobardo Espejel Rentería, Presidente Delegación Puebla UNPF, explicó que le ley invade los espacios familiares.

“Entre otros aspectos se contempla que los niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones sin la orientación de sus padres o tutores en torno a recibir información y tener acceso a métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente”, comentó.

En tanto, Reina Suárez, representante de la agrupación Sentido Común, expresó que los seres humanos son libres de tomar decisiones sobre el uso de métodos anticonceptivos, sin embargo, primero deben ser mayores de edad y alcanzar la madurez.

“Pedimos que nuestros representantes  analicen la ley. Los niños no tienen derecho a voto a los 15 años, lo tienen a los 18 porque es en el momento en que pueden tomar decisiones con una cierta madurez. Nos preocupa que se abran puertas al aborto, a la pornografía y a la trata de personas”, expresó.

El proyecto de Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue avalado ya por el Senado de la República, con el carácter de iniciativa preferente del Ejecutivo federal.

La iniciativa fue presentada por el presidente, Enrique Peña Nieto, a principios de septiembre y su procesamiento legislativo debe concluir a más tardar el último día de octubre.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, la ley busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de ese sector de la población, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.