México es uno de los países de mayor riesgo de pobreza entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y prácticamente duplica el promedio de los integrantes de ese bloque. También se encuentra entre los países de mayor pobreza laboral y con más alta tasa de empleo informal.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, en México el promedio de riesgo de pobreza ha aumentado de 19 a 21 por ciento de la población, situación en la que se encuentra a la par de Israel y Turquía, cuando la incidencia entre los miembros del organismo es de entre 9 y 11 por ciento.

Tener un empleo en México no significa escapar de la pobreza, puesto que más de 18.5 por ciento de la fuerza laboral no cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas, señala el informe Todos a bordo: haciendo posible el crecimiento incluyente, publicado ayer por la OCDE.

Entre los miembros del organismo que agrupa a 34 de las mayores economías, el país es el que tiene el porcentaje más alto de incidencia de pobreza en el empleo; le sigue Turquía, donde la tasa es de 18 por ciento, Chile e Israel, ambos con 15 por ciento.

La pobreza en el empleo afecta a 8 por ciento de la población en edad de laborar entre los países de la OCDE.

La tasa de pobreza entre los hogares sin empleo es cinco veces mayor que la de los hogares donde por lo menos una persona trabaja. Sin embargo, la pobreza en situación de empleo sigue siendo un problema para la OCDE, con considerables diferencias entre países.

La tasa es superior a 12 por ciento en México, Chile, Israel, Japón, Turquía y Estados Unidos. En las últimas dos décadas la pobreza en el trabajo se ha intensificado al máximo para las familias con un solo jefe y para las parejas con niños y con un solo ingreso que, según cifras de 2010, tienen una tasa media de pobreza de 22.7 y 18.5 por ciento, respectivamente.

La informalidad laboral es generalizada en los países en desarrollo y las economías emergentes. Este es el caso de África subsahariana, donde en promedio siete de cada 10 personas en el sector no agrícola son trabajadores informales.

Entre los países de la OCDE México y Turquía destacan en informalidad, pues entre 40 y 60 por ciento de la mano de obra trabaja sin seguridad social.

Aunque el sector informal sirve como una válvula de seguridad en los países donde el sector formal es estrecho, la informalidad laboral puede exacerbar desigualdades, pues excluye a los trabajadores de la protección social y los deja en situación de desventaja, en especial a los que tienen puestos de trabajo 3D (dirty, dangerous and demeaning: sucios, peligrosos y degradantes).

Los trabajadores informales también están expuestos a la falta de acceso a los servicios financieros y capacitación laboral, lo que perpetúa el círculo vicioso de empleos de baja productividad y pobreza, apuntó el documento de la OCDE.

La desigualdad en muchos países –ahora en su nivel más alto en décadas– debilita el crecimiento económico y el bienestar, según la OCDE.

Los ricos han acaparado abrumadoramente los beneficios del crecimiento. El ingreso promedio del 10 por ciento más rico de la población en los países de la OCDE fue de nueve veces y medio superior al del 10 por ciento más pobre en 2010, en comparación con un nivel siete veces mayor, hace 25 años, apunta el documento, y destaca que “la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado más rápido desde la crisis financiera”.

Hay nueve millones de niños sin acudir a la escuela

Ahora mismo, nueve millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos que deberían estar estudiando, se encuentran fuera de las aulas de clase, siendo así más vulnerables a fenómenos como la violencia o la narcoexplotación.

Según otra nota del periódico Excélsior, son mexicanos con mayor riesgo a perpetuar los círculos de pobreza lo que, a decir de los expertos en infancia, no sólo lapida su futuro, sino pone en jaque su propio presente.

De acuerdo con el Censo Educativo, 24 por ciento de la población de entre 3 y 19 años no asiste a escuela, es decir, uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes en edad escolar obligatoria, simplemente, no estudian.

En México hay 37.4 millones de niños y jóvenes en ese rango de edad, pero sólo 28. 4 millones (76 por ciento) tienen un lugar en un salón de clases, mientras que el resto están excluidos de la educación que por ley es obligatoria.

“Un niño, una niña o un adolescente fuera de la escuela va a estar expuesto a muchos otros riesgos, por ejemplo, a la violencia armada, tenemos de manera conservadora calculado que 30 mil niños y niñas son víctimas de la narcoexplotación y que la mayoría de ellos estaban fuera de la escuela”, destacó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

Apenas el mes pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, reconoció que adolescentes desde los 12 años están cayendo en las filas del crimen organizado ante la incapacidad del Estado de ofrecerles alternativas para su futuro.

Se trata de niños que deberían estar estudiando el nivel secundaria, donde comienzan a verse los problemas de deserción escolar, que se agudizan en el bachillerato, donde se enfrenta la mayor dificultad para mantenerse en el sistema educativo, pues cada año 650 mil jóvenes abandonan la educación media superior;  mil 780 al día.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, mientras en la década pasada el crimen organizado reclutaba a personas entre los 20 y 35 años actualmente elige a jóvenes de entre 12 y 15 años de edad.

Para el director de la Redim esto es muestra de que la comunidad escolar no solamente es un espacio para que los alumnos aprendan, sino para que estén protegidos a través de redes sociales positivas de peligros, como el ser cooptados por el crimen organizado para toda la línea de producción y tráfico de drogas, pero también de la violencia en casa y de las actividades económicas.

“Al estar fuera de la escuela estos niños tienen negado el simple hecho de desarrollar los más básicos elementos de socialización, lo que los expone a múltiples riesgos que van desde el consumo de sustancias ilegales, por ejemplo, hasta el ser víctimas de diversas formas de explotación como la física o la laboral”, alertó Pérez García según la nota del periódico Excélsior.

Pero no sólo eso, además la educación garantizada como un derecho en el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, le abre la puerta a otros derechos.

“El derecho a la educación es la llave para el acceso a otros derechos humanos, de tal manera que si se goza de ese derecho, se va a tener la garantía de la mayoría de los otros”, planteó Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social.

Por el contrario, dijo, cada vez que los niños no acceden a una educación de calidad estarán condenados a heredar el olvido social de sus padres.

“Hoy por hoy todavía no tenemos mayor clave para la movilidad social que el factor educativo, así que si no hacemos algo por garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, estamos lapidando básicamente su futuro, y al negarles la capacidad de leer otros mundos, de sorprenderse por cosas, y del gozo por el conocimiento, no sólo se pone en juego su futuro, sino igualmente, en jaque su propio presente”, advirtió Nashieli Ramírez.

La experta en temas de infancia expuso que el riesgo es aún mayor para los niños indígenas o migrantes donde se tienen los peores indicadores de acceso, pues el mismo sistema educativo recrea las desigualdades.