Una tarde de viernes, a finales de noviembre del año pasado, Juan Lucas se encontraba sentado en la banca de una cancha deportiva en el poblado de San Miguel del Progreso, descansando de la larga jornada del día y dispuesto a ir a casa para ver a su familia.

Mientras se encontraba ahí, una señora que atendía una tienda cercana le pidió ayuda para sacar unos kilos de maíz de la bodega, pues su marido no se encontraba y era demasiado el peso.

Juan caminó hacia el pequeño cuarto donde se guardaba el maíz, a unos metros del local, sin percatarse del coche que se encontraba del otro lado de la calle.

Rodeado del maíz de la bodega, de pronto sintió la presencia de unas personas y el frío del metal de la pistola en su espalda.

Eran las 5:30 de la tarde cuando lo subieron al coche.

Policías entraron por Santiago a su casa

Horas más tarde, Santiago Gregorio se encontraba en casa de sus padres, con su esposa y su bebé de pocos meses.

Dentro de la humilde vivienda no se escucharon los motores de los coches de elementos de la policía estatal que ingresaron al pueblo y que se dirigieron justo a esa casa.

Los uniformados entraron por la fuerza al domicilio. La esposa de Santiago reaccionó a tiempo para levantar al bebé, que se encontraba acostado en un rincón, poco antes de que los policías lo aplastaran.

Ahí, frente al resto de la familia, los elementos estatales golpearon a Santiago y a su papá, pero sólo se lo llevaron a él.

Los torturan y acusan de robo

Sin saber cómo, Santiago y Juan se encontraron en el mismo coche y en las mismas circunstancias. Los policías los golpeaban, los torturaban. A Santiago le rompieron un brazo. Juan tuvo un poco más de suerte.

Al mismo tiempo que los policías golpeaban a los dos jóvenes indígenas, otro comando ingresó a un domicilio, bajo el argumento de que buscaban armas. Revisaron la casa, se llevaron tres tanques de gas y luego se fueron.

Juan y Santiago fueron acusados de haber robado, provistos de armas largas, un camión de Liconsa. De acuerdo con las versiones oficiales, fueron detenidos en el puente Ateno, justo en las inmediaciones de Huitzilan de Serdán, de donde ambos son originarios.

Por este delito fueron llevados al penal de Zacapoaxtla, donde están presos desde entonces sin que las autoridades atiendan el caso.

Proceso plagado de irregularidades

Fernando Cuéllar Muñoz, abogado del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, narró que ellos acudieron al penal el 1 de diciembre para investigar el caso, el cual, aseguró, está lleno de irregularidades.

Por ejemplo, señaló que tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública estatal negaron haber arrestado a los dos indígenas, pese a que los tres sujetos que levantaron a Juan eran policías ministeriales.

El chofer del carro era un habitante del pueblo, lo cual representa una anomalía más, pues se trata de tres efectivos ministeriales en un vehículo particular, tripulado por un civil para llevar a cabo un arresto, describió Cuéllar Muñoz.

Agregó que cuando se percataron de las heridas de los dos detenidos se llamó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para que levantaran los peritajes correspondientes; el organismo se resistió a acudir al lugar y, si bien reconoció que hay señas de tortura, no se han emitido las recomendaciones necesarias.

El Centro de Derechos Humanos lleva el caso y sigue en busca de los mecanismos legales para liberar a los dos indígenas, quienes llevan más de medio año en prisión, a pesar de ser inocentes.

Cuéllar Muñoz comentó que éste es sólo un ejemplo de la situación que se vive en la zona de la Sierra, donde el sistema penal y los cuerpos de justicia están llenos de corrupción y, a pesar de que se ha denunciado esto ante las autoridades estatales, no se ha hecho nada al respecto.