El Movimiento por la Alternativa Social de Puebla advirtió la realización de una mega movilización en todo el estado el próximo 3 de julio, en la cual participarán miembros de las 30 organizaciones que la integran, entre ellos los ex elementos de Policía y Tránsito Municipal que fueron despedidos el pasado mes de abril.

Ricardo Jiménez, representante del movimiento, explicó que las acciones se llevarán a cabo en caso de que los gobiernos municipal y estatal no cumplan con sus peticiones. Estas son básicamente dar solución a conflictos con agrupaciones sociales, campesinas y sindicales, como por ejemplo: indemnizar o reintegrar a sus centros de trabajo a los burócratas despedidos en lo que va de las dos administraciones.

Los integrantes de este Frente Amplio Social advirtieron al alcalde Eduardo Rivera Pérez y al gobernador Rafael Moreno Valle que tienen como fecha límite el 3 de julio para cumplir con sus demandas, pues de lo contrario ejercerán presión mediante el cierre de carreteras en los municipios de Puebla, Huauchinango, Tehuacán y de la región mixteca para “paralizar” el estado.

Entre estas agrupaciones se encuentran El Barzón, la Unión Fuerza Indígena Campesina, el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Trabajadores Agrícolas y otras, a las cuales se sumó un grupo de ex policías y ex agentes de tránsito municipal que fueron cesados presuntamente por no aprobar los exámenes de control de confianza.

Estos últimos exigieron a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), así como al presidente Rivera Pérez, que los indemnicen o los reinstalen en sus trabajos, pues cuentan con un amparo que les concedió a su favor el Juzgado Décimo Primero de Distrito y que no ha sido acatado por estas autoridades.

Inclusive, mediante un documento, explicaron que los directores de la SSPTM, Claudio Limón de Unánue y María del Consuelo Cruz Galindo enviaron un escrito al juzgado referido para desmentir el despido injustificado de los más de 70 elementos, así como para negar el haber tenido contacto con los afectados.

“Esto con la finalidad de sobreseer el amparo y ahorrarse las indemnizaciones de los elementos de la Policía y Tránsito Municipal. Por esta razón mintieron ante el juez de distrito quien es una autoridad federal y que en la ley de amparo es un delito que lleva consigo destitución, cárcel, multa e inhabilitación por ser funcionarios públicos”, detallaron.

Por otro lado, los dirigentes del movimiento aseguraron que en caso de ser necesario también procederán a hacer huelgas y tomarán estas medidas con el propósito de que el gobierno ponga fin al desempleo, inseguridad y hambre que padecen algunos sectores de la población.