En un contexto en el que México enfrenta retos históricos, la reforma judicial y el respeto al Estado de Derecho se han vuelto temas centrales en el debate nacional. Fernando Méndez Sánchez, Director de la Facultad de Derecho de la UPAEP, destacó la importancia de estos temas, hizo llamado a las autoridades para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos y el equilibrio de poderes en México.

Méndez Sánchez subrayó que el Estado de Derecho es fundamental para la vida democrática, ya que garantiza las libertades y derechos de los ciudadanos. Señaló que, recientemente, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han incurrido en un desacato hacia las atribuciones del Poder Judicial, desafiando su autonomía. "No puede existir libertad sin equilibrio", afirmó Fernando Méndez, enfatizando que la independencia de cada poder es un pilar esencial para el funcionamiento de la democracia.

Méndez Sánchez destacó que los derechos humanos no son otorgados por el Estado, sino que son inherentes a cada persona. "Un Estado no otorga derechos humanos; en su caso, los reconoce y los positiviza dentro de la normativa", explicó. Esto significa que cualquier reforma constitucional que atente contra estos derechos se sitúa fuera del ámbito de la soberanía nacional. Recordó que el Artículo 39 de la Constitución otorga al pueblo la facultad de modificar su gobierno, pero nunca para eliminar derechos humanos fundamentales.

México ha consolidado una estructura constitucional que establece, en el Artículo 49, que el Supremo Poder de la Federación se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este diseño, según Fernando Méndez, tiene el propósito de mantener una clara separación de poderes y asegurar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las reformas recientes parecen vulnerar estos principios fundamentales, afectando tanto la separación de poderes como la protección de los derechos de los ciudadanos.

Uno de los aspectos que el abogado de la UPAEP consideró particularmente preocupante es la reciente eliminación del término "control de convencionalidad". Si bien se ha retirado del lenguaje oficial, persiste la inquietud de que reformas constitucionales que afectan la revisión judicial puedan limitar el alcance de la protección de los derechos humanos. "No se atenta directamente contra los derechos, pero sí contra los instrumentos que garantizan que nuestros derechos sean respetados", subrayó.

Dijo que, desde la reforma de 2011, la Constitución mexicana debe alinearse con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto implica que cualquier cambio en la Constitución debe interpretarse de manera que ofrezca la mayor protección posible a los derechos de todas las personas, un principio que garantiza el respeto a la dignidad humana y una interpretación amplia de los derechos humanos.

Méndez Sánchez enfatizó que la reforma judicial no debe, en ningún caso, transgredir los derechos fundamentales ni afectar el equilibrio entre los poderes. En este momento crítico para el país, la defensa del Estado de Derecho y la independencia de los poderes deben prevalecer para salvaguardar la libertad, la democracia y los derechos humanos en México.

Por su parte, Ulises Jorge Orozco Rosas, profesor de la Facultad de Derecho de la UPAEP, profundizó en la estructura constitucional y el alcance de la soberanía en manos del pueblo. Explicó que, para que una reforma constitucional se lleve a cabo, es necesario cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional, que exige el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso General y el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. Este procedimiento se ha cumplido en las reformas recientes, sin embargo, surge la pregunta de si estas modificaciones reflejan el poder constituyente o si están alterando la esencia misma de la Constitución.

Ulises Orozco explicó que existen dos vertientes del poder constituyente: el originario y el permanente. El poder constituyente originario es aquel que establece la Constitución y las bases para el funcionamiento del Estado, incluyendo la creación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una vez establecida la Constitución, este poder se disuelve, y los poderes instituidos comienzan a operar en representación del pueblo.

Expresó que una de las preocupaciones centrales es la posibilidad de que las reformas recientes estén “sustituyendo” en lugar de “reformando” la Constitución. “Pareciera que estamos diciendo: vamos a quitar la separación de poderes y dejar un solo poder en manos de alguien”, advirtió. Esto se debe a la intromisión del Legislativo en el Poder Judicial, con medidas que afectan la designación de jueces y limitan la autonomía judicial, lo cual representa una intromisión directa en el Estado de Derecho.

Para Ulises Orozco, esta situación erosiona los principios fundamentales de la Constitución mexicana, cuya estructura se basa en la independencia de los poderes y en la protección de los derechos de los ciudadanos. De no respetarse la autonomía judicial, se estaría vulnerando la independencia que garantiza la imparcialidad y la equidad en la aplicación de la ley, un aspecto esencial para preservar el Estado de Derecho.

También se refirió a la capacidad de la Suprema Corte de revisar la constitucionalidad de las reformas, un derecho protegido por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, señaló que esta capacidad es frágil y sujeta a interpretación. La independencia judicial es, para la Suprema Corte, un componente clave de la separación de poderes, y es precisamente este principio el que le permite analizar y, en su caso, invalidar las reformas que contravienen la autonomía judicial.

No obstante, esta facultad de revisión por parte de la Suprema Corte enfrenta presiones y desafíos, lo que para Ulises Orozco deja en una posición endeble la independencia de los jueces. Esta vulnerabilidad es vista con preocupación, ya que pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales y la integridad de la Constitución como un marco que limita el poder y protege los derechos.

En su intervención, Mariana Durán Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, destacó los puntos esenciales y las preocupaciones en torno al papel del Poder Judicial en la revisión de las reformas constitucionales y, específicamente, la facultad de suspender las disposiciones publicadas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Para Mariana Durán, resulta fundamental comprender que en cualquier juicio o proceso, cada autoridad se convierte en una parte procesal. En este sentido, la revisión que actualmente realiza el Poder Judicial sobre las modificaciones constitucionales y las suspensiones aplicadas no es un acto arbitrario; está fundamentada en la competencia y facultades que le otorga la Constitución.

Durán Márquez subraya que el Poder Judicial, en su rol de revisar la constitucionalidad de los actos, tiene la atribución de evaluar si el procedimiento legislativo de una reforma cumple con los parámetros constitucionales. "Lo que se está haciendo es ejercer la facultad de revisión de un acto de autoridad", precisó. Este proceso incluye analizar la temporalidad, la votación, el proceso deliberativo y demás aspectos que, si resultan constitucionales, permitirán que la reforma continúe. Sin embargo, esta evaluación también implica que, mientras se estudia el fondo del asunto, se pueden establecer medidas de suspensión para prevenir posibles violaciones a derechos fundamentales.

Para la experta en derecho, la reciente solicitud de la Consejería Jurídica de emitir un dictamen desde el Poder Legislativo en sus dos cámaras, a fin de decidir si acatar o no las suspensiones judiciales, es un acto que excede sus competencias. “No hay fundamento legal que permita al legislativo emitir este tipo de dictámenes, ya que cada poder debe apegarse estrictamente a sus competencias”, afirmó. Recordó que la Constitución establece en su artículo 41 que la soberanía del pueblo reside en los tres poderes, quienes deben ajustarse al marco legal para evitar invasiones en las funciones de los otros.

Mariana Durán también subrayó la importancia de distinguir los momentos y procesos que convergen en esta discusión. Actualmente, nos encontramos en un contexto complejo, donde el desacato y la propuesta de reforma constitucional coexisten, pero cada situación requiere análisis y tratamiento específico. Según Durán Márquez, una reforma que afecte la independencia del Poder Judicial o implique una concentración de poder puede tener implicaciones graves para los derechos humanos. Este aspecto es fundamental, ya que los derechos humanos no son facultades de las autoridades, sino protecciones para los ciudadanos contra posibles abusos. Una reforma que busque limitar estas garantías no solo plantea un riesgo a nivel institucional, sino que podría repercutir en la vida diaria de la población.

Mariana Durán subrayó la importancia de la información y el conocimiento en la sociedad, señalando que “uno de los muchos males que tenemos como sociedad es que no estamos informados”. Explicó que esta desinformación se agudiza en un país con condiciones sociales y económicas desfavorables, donde las necesidades básicas no están cubiertas para gran parte de la población. Esto hace que las cuestiones judiciales, que pueden parecer “técnicas” o alejadas de la vida diaria, sean vistas como irrelevantes. Durán subrayó la responsabilidad de los académicos en acercar estos temas a la sociedad, para que los ciudadanos puedan comprender y defender sus derechos de manera informada.

Fernando Sánchez invitó a las autoridades a preservar el equilibrio entre los poderes y la vigencia del Estado de Derecho. Recalcó que “no podemos permitir que el Estado de Derecho siga debilitándose”, e instó a los ciudadanos y autoridades a utilizar los canales legales y judiciales para resolver conflictos, evitando “espectáculos” o acciones que pongan en peligro la institucionalidad.

En conjunto, los académicos destacaron que la preservación del Estado de Derecho y la garantía de derechos humanos son pilares fundamentales que deben ser defendidos desde todos los sectores, ya que su debilitamiento afectaría la vida cotidiana y las libertades de todos los ciudadanos. La llamada a la acción es clara: los mexicanos deben exigir mayor información y derechos para fortalecer su protección ante cualquier intento de vulnerar las bases democráticas del país. (PSR)