Históricamente, el actuar del Ejército Mexicano ha sido una constante violación de los derechos humanos. Tan solo basta rastrear acontecimientos aún vivos en la memoria colectiva en el país, como la represión sufrida por estudiantes en 1968. La estrategia del Estado ha sido una absorción disoluta de algunos movimientos de esta naturaleza, bajo el emblema de “nuevos héroes de la democracia”. El Estado crea un panteón de mártires, héroes y nuevos santos democráticos, para ocultar a quienes les han conferido la celestial condición laica de la ciudadanía democrática. ¿Por qué pensar en héroes y no en un Estado represor, autoritario y violador de los derechos humanos y las libertades fundamentales? El Ejército Mexicano ha sido y es la mano fuerte, castigadora y ejecutora de la soberanía déspota de los gobiernos federales. Tlatlaya es un ejemplo de las licencias y facultades ilegitimas que tiene la autoridad castrense para “abatir” a quien se le antoje. Pero eso no es todo, a los ejecutores de la masacre se les absuelve, mientras que a las autoridades militares y al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se les crea un halo de protección e impunidad absoluta.  

La absolución de los últimos tres militares implicados en el asesinato de 22 asesinados en una bodega en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, no sólo es muestra de la complicidad de las instituciones militares y civiles en México, sino de una política de impunidad de las fuerzas armadas en contubernio con los agentes de Estado, para implementar una política discrecional de poder “dar vida o muerte” según lo consideren adecuado las autoridades militares, violando toda normatividad jurídica.

Tal como lo indica el Informe 2015-2016 de la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, uno de los mayores problemas en México son las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones, prepotencia y tortura como una forma de ejercicio de un poder atroz de militares y policías federales y locales. De esta manera, el Estado mexicano y sus agentes no sólo son señalados como flagrantes violadores de los derechos fundamentales, sino que aun con las evidencias de tales actos, ellos se convierten en juez y parte para dictaminar las sanciones con base en las leyes nacionales, así como los estándares internacionales en la materia. El resultado en México es obvio: impunidad.

Pero no sólo ha sido Tlatlaya el único caso que evidencia la brutalidad militar. Basta recordar los asesinatos de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, dos habitantes en San Felipe, Baja California; colusión con policías federales en asesinatos en Apatzingán, Michoacán, así como su implicación directa en la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Aun con las resoluciones de inconstitucionalidad hechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) sobre algunos artículos y prerrogativas establecidos en el Código de Justicia Militar (CJM) las “faltas a la disciplina militar” como son establecidos el asesinato extrajudicial, la tortura, la desaparición forzada, entre otras, siguen operando con toda inmunidad y protección institucional.

Las solicitudes de información sobre el caso Tlatlaya (como el propio de Ayotzinapa) han sido rechazadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de reserva o inexistencia de información, peligro para los militares involucrados, además de poner en riesgo las averiguaciones e investigaciones. Aun cuando el Manual de Uso de la Fuerza, de la propia Sedena, impone para dichas acciones militares, como la filmación y fotografías de los acontecimientos, la institución militar no permite el acceso a dichos materiales. ¿Por qué será? ¿Habrá, en dichos materiales, evidencias flagrantes de un fusilamiento extrajudicial de 22 personas a manos de miembros del ejército mexicano? ¿Qué dice el General Salvador Cienfuegos?

El gobierno priista de Enrique Peña Nieto, no sólo ha militarizado las calles y el campo del país para luchar contra la delincuencia, sino para causar terror y muerte entre la población. Terrorismo de Estado, criminalización, persecución y muerte son la política de Estado del gobierno peñanietista. El gobierno federal protege y auspicia a violadores de derechos humanos, ni siquiera por omisión o complicidad, como lo hace con los grupos paramilitares-narcotraficantes, sino por acción con los cuerpos militares que pueden asesinar, abatir, sin ningún castigo, con toda la libertad posible, con toda la impunidad que les da el Estado. La liberación de los militares relacionados con el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, lo afirma. Es así como el gobierno mexicano administra la crisis de derechos humanos que se vive en el país.

Picaporte

Además de la múltiple discriminación y violencia que viven los pueblos indígenas, la esterilización forzada es tema que poco se trata, pero sigue siendo una de esas políticas públicas encubiertas. La mestizofilia sigue viva, la lucha contra los pueblos originarios y las mujeres indígenas está ahí.