Abusos, omisiones, negligencias y violencias en la atención médica hacia las mujeres embarazadas en el país fueron expuestas ayer en el Tribunal Simbólico de Muerte Materna y Violencia Obstétrica en donde Puebla estuvo presente.

En el Distrito Federal, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) organizó el Tribunal ciudadano de carácter público en el que mujeres, familiares y prestadores de servicios que sufrieron o han presenciado prácticas de violencia obstétrica y muerte materna compartieron sus testimonios frente a un grupo de expertos interdisciplinarios en salud pública, género y derechos humanos

La violación a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres en la atención del embarazo, parto y puerperio que se visibilizó en una fotografía periodística en la que se ve a una mujer indígena dar a luz en el jardín de un hospital en Oaxaca debido al rechazo de la emergencia obstétrica para atenderla en la institución, es un hecho cotidiano en el país, coincidieron defensores.

En Puebla, según el Informe de Violencia Obstétrica, un enfoque de derechos humanos de GIRE en 2015, existen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) 7 quejas por malos tratos y negligencia médica contra mujeres durante la atención de su parto, 10 contra violencia obstétrica y una recomendación 51/2015, al respecto emitida este año a la administración de Rafael Moreno Valle.

Al caso de Irma, mujer mazateca que parió en el patio del hospital de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, y al de Irene Cruz Zúñiga, quien inició el trabajo de parto auxiliada por una partera en su casa, en el paraje Barranca Fiera, del municipio de Santa Cruz Itundija, Oaxaca, y tras una mala atención médica en el centro de salud local sufrió un daño cerebral irreversible, se suma la atención de un parto en Puebla, en Acatlán de Osorio, 20 horas después de que la mujer llegó pidiendo a gritos atención.

Una poblana acudió el 16 de abril de 2014 al Hospital General de Acatlán de Osorio por encontrarse en trabajo de parto y fue atendida por un interno sin grado y un médico que le atendió el parto 20 horas después.

Debido a la prolongación del parto, el recién nacido presentó asfixia y un paro cardiorrespiratorio; permaneció internado hasta el 26 de abril, cuando se determinó su traslado al Hospital del Niño Poblano, en la capital de la entidad, donde falleció el 16 de mayo.

La agraviada relató que el interno de pregrado le practicó 3 revisiones de cavidad, negándose a llevar a cabo la cesárea, aduciendo la falta de anestesiólogo y a que su dilatación era sólo de 8 centímetros.

En la primera recomendación emitida al respecto a principios del 2016,  la CNDH exigió a Moreno Valle reparar el daño ocasionado a la madre, que incluye una indemnización o compensación y atención médica y psicológica con oportunidad, calidad y calidez, que le permita restablecer su salud física y emocional, además de dotar al hospital en cuestión de personal capacitado y suficiente, así como de equipo médico necesario.

Para Gire, estos casos de violencia obstétrica no pueden visibilizarse sólo en torno a la atención obstétrica sino deben mostrar el problema estructural en el que diversas aristas se abren y entretejen, como los factores económicos, sociales, culturales y de género.

En México, la violencia obstétrica se ha tipificación en Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y en Puebla sólo existen la iniciativa.

La tipificación dota a las instancias jurídicas, institucionales, académicas y sociales de herramientas para nombrar aquellos abusos y encontrar las respuestas para erradicar el problema.