Sin la presencia de especialistas y académicos, el Congreso del estado aprobó este miércoles la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proyecto que impulsó el gobernador Rafael Moreno Valle.

El dictamen presentado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia tuvo el respaldo de 38 legisladores y el voto en contra de Socorro Quezada Tiempo del PRD.

A diferencia de Marco Antonio Rodríguez Acosta (PSI) y Patricia Leal Islas (PAN), quienes defendieron el proyecto, la perredista lanzó una crítica debido a que la iniciativa se aprobó en una semana, pese a que la LIX Legislatura contó con un año para hacer las correcciones a la ley estatal.

División perredista

Desde la tribuna, Quezada Tiempo aclaró que la bancada del PRD no se sumó al documento que hace una semana presentaron Moreno Valle y las bancadas aliancistas, porque el líder de la fracción, Carlos Martínez Amador, no se le notificó.

"El grupo legislativo de la Revolución Democrática no firmó la iniciativa, porque no hubo reunión de grupo para poder discutir y decir: firmamos o no. Antes me mandaban mensaje para decirme si no había bronca, ahora ni mensajes hay. El PRD como grupo no firmó (...) lo hacen de manera personal".

"Mañana se vence el término. Lamento mucho la figura de correr a tiempo (...) la semana pasada en un evento que aquí se hizo, se presenta la iniciativa y hacen correr a las universidades para que hagan sus propuestas. Son las formas compañeros, votaré en contra no por el contenido, es el más adecuado, pero mi voto va a ser en contra por las formas".

Organizaciones civiles ausentes de la votación

A pesar de que Patricia Leal Islas, integrante de la Comisión de Transparencia, afirmó que la iniciativa de Moreno Valle tuvo el respaldo de las organizaciones como el Nodo de Transparencia y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), ninguno de sus miembros estuvo presente durante la sesión extraordinaria.

El diputado de PSI, Marco Antonio Rodríguez Acosta, anunció que el dictamen que se votaría en el pleno tuvo el respaldo Alonso Trujillo Domínguez, presidente de la asociación política nacional Convicción Mexicana por la Democracia, la cual en 2010 apoyo públicamente a Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura.

Leal Islas, exintegrante del gabinete morenovallista, sostuvo que se integraron 31 de las 34 recomendaciones hechas por el Nodo de Transparencia y la Amedi, así como que se analizaron las observaciones hechas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y la Universidad Iberoamericana.

Sin embargo, en las galerías del salón de plenos tampoco estuvieron presentes representantes de las instituciones de educación superior.

Gobierno deberá abrir contratos, permisos y fideicomisos

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual entrará a vigor a partir de este jueves, declara como sujetos obligados a los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y a cualquier persona física o moral que maneje recursos públicos.

El proyecto, mismo que deberá estar publicado en el Periódico Oficial del Estado este 5 de mayo, da un plazo de seis meses, es decir hasta noviembre, para que los sujetos obligados transparenten su información y que ésta forme parte de la plataforma nacional de datos.

Con la armonización del marco legal local con la Ley General de Transparencia, al gobierno estatal se le obliga a informar sobre sus partidas en gastos de comunicación social y publicidad, licitaciones, contratos, permisos, adjudicaciones, lista de trabajadores y jubilados.

Sin embargo, la información que se generó en dichos rubros durante cuatro años y cuatro meses del sexenio no estará disponible en la plataforma nacional, debido a que por mandato federal los datos se harán públicos a partir del 5 de mayo de 2015.

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