Sanciones administrativas y penales contra servidores públicos, pagos de indemnizaciones, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales, forman parte de los puntos que el gobierno del estado tenía pendientes hasta enero de este año sobre la recomendación que le dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el desalojo violento de una manifestación de pobladores de Chalchihuapan en septiembre de 2014.

También se encontraba el ofrecer una disculpa pública a los afectados, la cual llevaron funcionarios de segundo nivel de la administración estatal este miércoles, sin embargo los pobladores, entre ellos, Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, quien perdió la vida por un golpe que recibió durante dispersión de la protesta, rechazaron la excusa al señalar que esta no es suficiente para reparar el daño causado. 

De manera posterior al acto de la disculpa pública, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, ofreció una rueda de prensa y afirmó que la recomendación 2VG/2014 de la CNDH ya fue cumplida, aunque no detalló de qué forma se dio respuesta a cada uno de los puntos.

Como parte de su informe 2015, a inicios de este año la CNDH publicó el estatus de la recomendación que hizo al gobierno poblano, la cual marcaba un “cumplimiento parcial”.

El desalojo ocurrió el 9 de julio de 2014, lo que derivó en más de un centenar de heridos, entre pobladores y policías estatales, entre los que se encontraba José Luis Tehuatlie.

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No hay sanciones penales

En uno de los 11 puntos de la recomendación se pide a la administración estatal que inicie procedimientos de responsabilidad en contra del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, así como el personal a su cargo que participó en el operativo del desalojo, pero ello no ha ocurrido, ya que el ex funcionario estatal impugnó la sanción y posteriormente renunció al cargo tras descubrirse que subordinados suyos protegían a ladrones de hidrocarburos.

El miércoles pasado, el secretario General de Gobierno dijo que se establecieron17 sanciones en contra de igual número de servidores públicos, pero no dio a conocer el estatus de esos procedimientos.

No se ha cumplido con todas las indemnizaciones

El punto tres del documento estableció que era necesario reparar el daño tanto a las víctimas como a sus familiares, a través del pago de indemnizaciones, sin embargo el informe refiere que de todos los afectados, la madre del niño que perdió la vida, aún no lo había aceptado.

El informe indica que se entregaron cinco cheques y que “únicamente falta entregar los recursos pertenecientes a la madre del menor fallecido con motivo de los hechos”. Sin embargo Elia Tamayo sostuvo este miércoles que no ha aceptado los recursos.

Aún no se privilegia diálogo con organizaciones sociales

En su recomendación, la CNDH solicitó a la administración poblana que se implementaran mecanismos para atender a organizaciones sociales a través del diálogo y el respeto a los derechos humanos, así como para no criminalizar la protesta social, sin embargo el gobierno del estado no había emitido ninguna respuesta sobre el tema.

“Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos”, se cita en el texto.

No se ha dotado de equipo de videograbación a los policías

Otro aspecto que el gobierno estatal debía atender, consistía en dotar de equipos de videograbación a los elementos de seguridad pública para utilizarlos en detenciones, a fin de registrar la conducta de los mismos, pero ello tampoco se había cumplido, según lo que se asienta en el informe.

Por otra parte, el informe advirtió que aún estaba pendiente por tomar sus declaraciones sobre los hechos a 11 pobladores de Chalchihuapan, que fueron señalados por los propios habitantes como testigos de los hechos, además de que aún no se había podido realizar pruebas balísticas sobre los artefactos que los policías estatales utilizaron para desalojar a los pobladores, debido a que no recibió una respuesta por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice los exámenes.