Sin considerar las propuestas de la bancada del PRI y de la asociación de ediles auxiliares, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron regresar de manera parcial los registros civiles a las juntas auxiliares e imponer una sanción de ocho años de cárcel para aquellos presidentes subalternos que falsifiquen documentos.

La propuesta que el gobernador Rafael Moreno Valle envió el 3 de marzo para modificar la Ley Orgánica Municipal, el Código Civil, el Código Penal y  el Código de Procedimientos en Materia de  Defensa Social se aprobó sin cambios con el aval de los diputados del PAN, Nueva Alianza, PRD y Compromiso por Puebla.

Los legisladores del PRI , Silvia Tanús Osorio, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Francisco Jiménez Huerta votaron en contra del dictamen.

Tanús Osorio, coordinadora de la fracción priísta, precisó que el bloque aliancista desechó la propuesta que hizo junto a sus compañeros para que el servicio del registro civil regrese en su totalidad a las juntas auxiliares, que por ministerio de ley se reconozca como jueces a los presidentes subalternos y que se disminuyera la penalidad por el delito de falsificación de documentos.

Al adelantar que la fracción del PRI votará en contra, la diputada  advirtió que la iniciativa que mañana se aprobará en el pleno es apenas un paliativo y no soluciona la problemática que desde hace dos años se da en esas comunidades.

La iniciativa de reforma propuesta por Moreno Valle se aprobará mientras se desarrolla el proceso electoral que servirá para elegir al próximo gobernador.

El retiro de los registros civiles a las juntas auxiliares para ceder el control de los mismos a la Secretaría General de Gobierno (SGG),  fue una medida que impulsó la bancada del PAN de la LVIII Legislatura y se aprobó en diciembre de 2013.

En 2014, con la entrada en vigor de la reforma,  los habitantes de las juntas auxiliares iniciaron  protestas contra del  gobierno de Moreno Valle, las cuales culminaron con el enfrentamiento del 9 de julio de ese año entre la policía estatal y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, en el cual fue herido  el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien una semana después falleció.

También hubo aprehensión de habitantes que participaron en la manifestación, así como la detención, en noviembre, de  Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quien hasta la fecha permanece preso.

No hay dedicatoria contra los presidentes auxiliares

Al defender la aprobación hecha al paquete de iniciativas del mandatario estatal, el diputado del PRD, Ignacio Mier Bañuelos aseguró que las reformas no tienen dedicatoria para los presidentes auxiliares, sino que les permite ser coadyuvantes del gobierno estatal en la operación del registro civil.

El proyecto que se aprobó por mayoría de votos adicionará la fracción XVII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, misma que en la reforma de diciembre de 2013 fue derogada, en la cual se les quitó la facultad a los presidentes municipales de ayudar en las funciones del registro civil.

En la fracción IX del artículo 231 del mismo ordenamiento se permitirá a los  presidentes auxiliares “coadyuvar con las autoridades del Registro del Estado Civil de las Personas en términos de las disposiciones aplicables”.

Aunque Mier Bañuelos sostuvo que no se impone una sanción contra los ediles subalternos sino contra todos los funcionarios públicos, el cambio que se aprobará en el apartado referido puntualiza que los presidentes auxiliares “serán responsables penal y administrativamente por las faltas en las que incurran en la prestación de este servicio”.

La sanción que se impondrá a los ediles subalternos que incurran en falsificación de documentos públicos será de ocho años y multa de doscientos a mil días de salario, como lo propone el artículo 253 del Código Penal.