La explosión del coche bomba ocurrida en las inmediaciones del AIFA el pasado 28 de marzo, en la que se trasladaban dos presuntos narcotraficantes —uno identificado como Francisco Beltrán, alias El Payín, y el segundo como Humberto Rangel—, hasta el momento no ha merecido explicación pública por parte del Gabinete de Seguridad —cuya naturaleza, por cierto, ya no sabemos si sigue siendo de seguridad nacional— ni de la propia presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias matutinas.

Lo anterior llama poderosamente la atención, ya que el hecho ameritaría ser abordado como un tema de relevancia nacional al menos por dos razones fundamentales: la primera es evidente, por el grado de violencia y sofisticación del doble homicidio, en el que se empleó un artefacto explosivo —quizá manipulado a distancia—; y la segunda, por la cercanía de la Copa Mundial de Futbol y por haber ocurrido en las inmediaciones del controvertido aeropuerto.

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué el gobierno de la República ha eludido informar a la ciudadanía sobre las investigaciones y los avances alcanzados a diez días del hecho? ¿Qué se trata de ocultar?

Por lo conocido hasta ahora, El Payín habría volado de Sinaloa al AIFA en esa fecha sin ser detectado por autoridad alguna y habría sido recogido por su colaborador alrededor de las 18:00 horas. Ambos abordaron una camioneta pick-up y salieron de esa instalación estratégica para circular por la carretera México–Pachuca, en dirección a la CDMX. La camioneta explotó mientras estaba en movimiento, a la altura de Tecámac, cerca del fraccionamiento Haciendas en Paseos del Bosque. Tras la explosión, los tripulantes perdieron el control del vehículo, que invadió carriles antes de detenerse envuelto en llamas y fallecieron instantáneamente.

Minutos después del hecho, se desplegó un operativo con diversas fuerzas de seguridad. La zona fue resguardada y se cerró la circulación vial. Inicialmente se intentó posicionar que se trataba de un incidente menor que no merecía mayor atención, uno más de los tantos episodios de inseguridad que se han vuelto el pan nuestro de cada día, que ya no generan consternación alguna.

Sin embargo, la explosión fue captada por la cámara de otro vehículo que circulaba detrás. El video fue difundido en redes sociales 48 horas después del hecho, viralizándose y dejando una evidencia visual contundente: se trataba desde luego de un evento de alto impacto.

A partir de su difusión, el asunto dio un giro de 180 grados y su dimensión ya no pudo ser contenida. El mensaje viral sustituyó al pingue mensaje gubernamental. Por ello, cabría preguntarse si los perpetradores —diversas versiones apuntan al CJNG, quizá en contubernio con Los Chapitos— tenían la intención de dejar constancia de su capacidad de fuego y sofisticación, evitando que la noticia se diluyera entre tantos distractores.

Este hecho nos recuerda que, en México, la seguridad ya no solo se define por lo que ocurre o por los datos oficiales sobre homicidios —que registran una disminución—, sino por cuándo, dónde y cómo se vuelve visible un evento de esta naturaleza.

En un entorno marcado por las inquietudes tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes y por episodios recientes que sugieren el uso de artefactos cada vez más sofisticados, la disputa entre autoridades y crimen ya no solo se dirime en el territorio: se extiende al campo de la comunicación y la narrativa.

El desfase entre los hechos y su aparición pública se vuelve revelador. En el caso de Tecámac, el video no irrumpió de inmediato; su difusión masiva ocurrió días después. Este detalle sugiere que la visibilidad no fue espontánea, sino que se construyó progresivamente. En ese lapso, la información oficial resultó fragmentada y ambigua; posteriormente, la aparición del video reconfiguró la interpretación del hecho. No cambió lo ocurrido, pero sí su significado político.

Ese “tiempo diferido” es donde se juega buena parte de la disputa mediática. En las primeras horas, pareció privilegiarse una lógica de contención y bajo perfil. Más tarde, la circulación del video —cuya aparición difícilmente puede considerarse del todo casual— terminó por amplificar el evento y alterar su percepción.

En estos días, los actores enviaron señales contrapuestas. El gobierno federal ha buscado proyectar control, normalidad y evitar escalar el lenguaje hacia categorías como el narcoterrorismo. De cara a la Copa Mundial, resulta razonable suponer que el objetivo es preservar la imagen de un país funcional, capaz de garantizar condiciones de seguridad en un escaparate de escala internacional.

Las organizaciones criminales, en cambio, parecen operar bajo otra lógica. Sus mensajes no se emiten en conferencias, sino en los hechos mismos: la selección del momento, del lugar y del método sugiere un cálculo sopesado y deliberado. No requieren inmediatez, basta con que el evento, en algún punto, sea visto, replicado y entendido como una demostración de capacidad y fuerza. La organización criminal anuncia que trasciende a su líder fallecido y el mensaje llega a quien tiene que llegar.

En ese sentido, la violencia deja de ser únicamente destructiva para adquirir una dimensión comunicativa. El mensaje implícito podría ser que existe capacidad para realizar acciones quirúrgicas, selectivas y escalar la violencia con alto grado de precisión operativa, incluso en zonas sensibles como el entorno del AIFA, donde, al menos en este caso, no se habría detectado el artefacto por ninguna autoridad responsable y eso debe preocupar mucho.

El punto de fricción emerge en ese desfase. Mientras las autoridades modulan la información para evitar alarma y zozobra, la posterior aparición de evidencia visual tiende a generar el efecto contrario, elevando la percepción de riesgo y descontrol.

En este contexto, la cercanía del Mundial introduce un factor adicional: incrementa el valor de cada narrativa. No necesariamente porque aumenten los eventos, sino porque cada uno adquiere mayor potencial de ser interpretado en los códigos nacional e internacional.

El riesgo, entonces, no reside únicamente en los hechos, sino en su secuencia de visibilidad. Cuando los eventos aparecen de forma escalonada —primero el reporte, luego la imagen, después la interpretación—, se instala la percepción de que hay más cosas de las que se dicen y se llenan los vacíos informativos, incluso sin contar con evidencia concluyente.

México enfrenta así un doble desafío: contener la violencia en términos operativos y gestionar los tiempos y las formas en que esta se hace visible. Porque, en la antesala del evento futbolero, la seguridad no se medirá solo por lo que ocurre en el terreno, sino por lo que el mundo alcanza a ver. Por ahora, eso es lo que se ve.