Ahora que la epístola del expresidente López Obrador y, días antes, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera coincidieron “casualmente” en lanzar una hipótesis francamente destemplada sobre el “cambio de humor” inusitado de Donald Trump en su relación con México, derivado de las acusaciones formales contra “El Rocha”, convendría detenernos un poco para tratar de desglosar algunos aspectos relevantes a considerar.

El cambio de humor que señalan ambos personajes en la conducta del presidente de la Unión Americana, en realidad es un diagnóstico “psicológico” superficial e impreciso y no político como correspondería. Donald Trump sigue siendo el mismo Donald Trump de siempre y no ha cambiado un ápice. Asumir que el mandatario estadounidense es dócilmente manipulado por personajes que le hablan al oído frecuentemente para envenenarle el alma contra México es, francamente, una barbaridad.

Por el contrario, parece que los que han mutado repentinamente su humor y han dejado de lado la celebrada cabeza fría, para transitar aceleradamente del enojo al abierto temor, son la presidenta, el exiliado en Palenque y sus afiliados morenistas. La metamorfosis emocional que han sufrido se da justo en un momento específico: cuando se desencadenan las imputaciones a políticos en activo de su partido, dirigidas desde Washington y que señalan como las primeras de varias.

El punto de quiebre se manifiesta a partir de un error de cálculo político y no psicológico. Suponer que reforzar las fronteras para contener la migración ilegal, entregar a 92 narcotraficantes —sin proceso de extradición formal—, asegurar toneladas de fentanilo, inhabilitar miles de laboratorios que lo producen, detener a miles de narcotraficantes y abatir a “El Mencho” sería suficiente para calmar el apetito del dragón norteamericano resulta, por lo menos, cándido.

El error consistió en interpretar esas acciones como el objetivo final de Washington, cuando en realidad parecen formar parte de una agenda mucho más amplia. Lo que estaba en marcha no era una negociación coyuntural, sino una reconfiguración de las prioridades estratégicas de Estados Unidos respecto al narcotráfico y su impacto regional.

Al parecer estimaron que los 92 capos sustraídos en manos de autoridades del vecino del norte “cantarían” únicamente sobre políticos del pasado y no tocarían a los del presente. Lo mismo puede decirse de “El Mayo” Zambada y los hijos de “El Chapo”. Calcular que solo “pondrían” a narcos de otros grupos o de menor escala que ellos y no hablarían de sus arreglos con políticos, financieros, empresarios, militares y otros personajes ha sido un grave traspié.

Se apostó por ello y el resultado de ese equivocado análisis lo estamos observando. Estados Unidos, Donald Trump y el conjunto de su aparato de seguridad nacional y política exterior están empeñados en un objetivo prioritario de alcance geopolítico en el que México ocupa una posición central.

No se trata de iniciativas aisladas ni de impulsos pasajeros provenientes de determinados sectores republicanos. Se trata de una línea de acción que combina instrumentos jurídicos, financieros, diplomáticos, militares y de inteligencia bajo una misma lógica estratégica. Se pretendió manipular y controlar a Trump arguyendo que las ofrendas reseñadas serían suficientes y que ello supondría intocables a sus estructuras políticas asociadas al crimen de las drogas.

Ahora juegan inocuamente a fracturar a la ultraderecha en ese país, pero sin incordiar en nada al líder MAGA, mientras él permanece inmutable y guardando silencio. A veces su silencio es más elocuente y peligroso que su agilidad verbal.

Desde el primer momento, Trump se lo hizo saber a México y a los demás países del continente americano. Es cierto que su estilo de liderazgo es mercurial y de cierta forma impredecible, pero en este tema la dirección ha sido consistente. Más allá de la retórica, las decisiones adoptadas muestran una secuencia coherente que apunta hacia un mismo objetivo.

Veamos. Las medidas adoptadas desde enero de 2025 permiten observar una construcción gradual y acumulativa, donde cada decisión fortalece la siguiente y amplía enormemente el margen de actuación de Washington frente a los cárteles.

El 20 de enero de 2025 declaró, en su primer día de gobierno, a los cárteles como organizaciones terroristas mediante la Orden Ejecutiva 14157. Se instruyó al Departamento de Estado a iniciar el proceso para catalogar a diversos cárteles y organizaciones criminales como Foreign Terrorist Organizations (FTO) y Specially Designated Global Terrorists (SDGT). La orden sostiene que los cárteles representan una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense, equiparable a organizaciones terroristas internacionales y declaró una emergencia nacional para enfrentarlos.

En esa misma fecha decretó otra emergencia nacional en la frontera sur, relacionando explícitamente la migración irregular con el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, y con las actividades de los cárteles.

Continuó. El 20 de febrero de 2025 designó formalmente, a través de otra Orden Ejecutiva, a ocho organizaciones criminales como terroristas, de las cuales seis son mexicanas. El secretario de Estado, Marco Rubio, formalizó la designación de las ocho organizaciones como FTO y SDGT.

Tras ello, el Departamento del Tesoro comenzó a utilizar con mayor intensidad las facultades de sanción financiera para perseguir redes de lavado de dinero, empresas fachada y facilitadores financieros vinculados a los cárteles. Recordemos las sanciones a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo y a otras instituciones financieras nacionales.

El 15 de marzo reactivó la Alien Enemies Act, que data de 1798. Una orden que instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a preparar escenarios para la posible aplicación de esta ley, utilizada históricamente en contextos de guerra o amenazas externas. El objetivo es explorar mecanismos expeditos para detener y expulsar integrantes de organizaciones consideradas hostiles a Estados Unidos.

Para cerrar aún más la pinza, el 7 de marzo de 2026, en el complejo Trump National Doral Miami, se formalizó —en una cumbre de 17 mandatarios latinoamericanos— la iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas). Una acción de seguridad hemisférica orientada a coordinar esfuerzos contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas regionales.

México no fue invitado a la misma y resulta obvio que existió una razón de peso para ello. Tampoco fueron convocados Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba.

Por todo ello, resulta claro que detrás de la ofensiva contra “El Rocha” y nueve más, Trump encabeza una estrategia de gran calado institucional que no responde a intrigas palaciegas ni a disputas circunstanciales dentro de Washington. Lo que observamos es la ejecución progresiva de una doctrina que lleva meses construyéndose y que combina herramientas políticas, legales, financieras y de seguridad.

El mensaje es nítido: el narcotráfico dejó de ser tratado exclusivamente como un problema criminal para convertirse en una prioridad de seguridad nacional y de reposicionamiento geoestratégico para Estados Unidos, en un contexto donde también se disputa influencia con China.

Y es precisamente esa realidad la que parece haber sustituido la celebrada cabeza fría por algo muy distinto. Las posiciones públicas de Palacio Nacional, más que defensa soberana, exudan por todos los poros miedo y no necesariamente… “agua bendita”, parafraseando a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.