Las antipopulares políticas económicas que se formularon en Estados Unidos y Europa, a finales del siglo pasado, que conocemos como políticas neoliberales, se hicieron acompañar por el surgimiento de lo que en aquellos momentos se le llamó la “tercer ola” democrática.

Esta última implicó la aplicación de políticas electorales para la elección de gobiernos de manera democrática y así ocurrió en Latinoamérica en donde las naciones del Cono Sur salieron de las dictaduras militares impuestas para detener al “comunismo”. La tercera ola abarcó de 1974 hasta 1989 con la caída de los gobiernos del bloque socialista, le antecedieron la segunda que abarcó el periodo de fin de la Segunda Guerra y las luchas contra el colonialismo y, la primera, de 1828 a 1926 cuando se introdujo el sufragio universal en Europa y EE. UU. de acuerdo a la teoría de Samuel Huntington.

La idea de la tercera ola que también tuvo su propia lógica democratizadora siempre latente y en ocasiones contenida por oscuros intereses, en esta ocasión fue alentada por las élites que tenían y tienen bajo su mando empresas multinacionales y gobiernos a su servicio, como lo fue en aquellos años los gobiernos de Reagan y la señora Thatcher, en Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. La tercera ola fue respaldada porque la aplicación de políticas de elección popular de los gobernantes que, en tanto se veían inmersos en la aplicación de las políticas neoliberales, las élites locales requerían de normas electorales flexibles que sirvieran para desahogar hacia el ámbito electoral la presión social que ocasionaban desempleo y los bajos salarios.  Y así fue, hasta que en México y otras naciones rompieron esa lógica.

Los intelectuales orgánicos de las universidades de naciones como Estados Unidos e Inglaterra reformularon la democracia tradicional que tuvo como antecedente la cultura griega y la revolución francesa en donde el pueblo es el sustento de la democracia y su fin a la sociedad. La idea de democracia y elección de los gobernantes tomó un matiz más procedimental que social, lo que impulsó reformas político-electorales y la creación de organismos electorales que regularan la apertura electoral, una reforma orientada a incorporar la justicia al ámbito electoral (pero restringida a nivel social), la participación de la sociedad civil (financiada, en parte, por EE. UU.) en la supervisión de las votaciones, lo mismo que un reposicionamiento electoral de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de Latinoamérica.

Se trató de cambiar el concepto de democracia popular por la procedimental, el debate se concentra en los valores democráticos, la consolidación de las normas electorales, la legitimidad por la vía electoral, los partidos políticos entraban en escena en contra de los ejércitos, mientras contra el pueblo se impulsaba un proyecto que atentaba contra la vida. Como parte de esa “ola electoral” en el norte del país se reconocían triunfos electorales a los partidos de derecha; en tanto, a las fuerzas que se resistían a un juego perverso que combinara “apertura política” con políticas que atentaban contra la vida, se les negaban los triunfos electorales como fue el fraude contra el Frente Democrático Nacional, en 1994. Se quería una ola democrática controlada, por supuesto, porque de fondo se quería imponer, y se impuso por un tiempo, un modelo de economía empresarial.

Mientras que la tercera ola tomó como punto de referencia, en cuanto a su inicio, a la revuelta de jóvenes militares del ejército portugués, en 1974, en la llamada “Revolución de los claveles”, en Latinoamérica se inicia una dinámica que se conoció como el “giro a la izquierda” que siguió luego de la tercera ola, pero con intereses totalmente opuestos, orientados a recuperar el factor social como elemento rearticulador de la democracia y de las fuerzas políticas. El giro se inicia con el levantamiento zapatista y el intento de golpe de estado de jóvenes militares del ejército venezolano que desafían al gobierno, en su fase neoliberal, de Carlos Andrés Pérez. Los medios al servicio de las élites mundiales vieron en el golpe encabezado por Chávez, en Venezuela, a una fuerza contraria a sus intereses; en Portugal, se aplaudía y reconocía a los militares, en Venezuela se les denostaba.

En esta parte del subcontinente el giro a la izquierda tomó el rumbo de las revoluciones pacíficas, tal como ocurrió en Venezuela, luego en Bolivia, le siguió Ecuador y finalmente se extendió a México. En 2003, triunfa Lula en Brasil, lo que significó el que llegara al poder una fuerza política de izquierda de la principal potencia económica de Latinoamérica. La necesidad de plantearse una revolución pacífica tuvo que ver con el descontento social provocado por las políticas neoliberales de muerte y capitalizar a favor la apertura política que dejó la tercera ola, pero con un sentido social y en contra del modelo neoliberal.  En México fueron el PRI y el PAN, a la que con el tiempo se sumó el PRD, en 2014.

En los países que hemos señalado como ejemplos del giro a la izquierda, pero con revoluciones pacíficas, que se olvida a menudo, se instalaron gobiernos que pensaron en que se debería recuperar el concepto social de la democracia: la democracia es del pueblo y para el pueblo. De esta manera, en Venezuela, se colocó al pueblo como el referente de las políticas sociales que fueron tan profundas que a pesar de todos los sacrificios mantienen a Maduro en el poder. En Bolivia se colocó a los indígenas como el actor central del gobierno de Evo Morales, lastimosamente ahora enfrentado con el gobierno que él mismo impulsó del actual presidente Luis Arce. Lo mismo ocurrió en Ecuador, en donde el gobierno de Rafael Correa reivindicó al ciudadano como el epicentro de la Revolución Ciudadana.

En México, la Revolución de las Conciencias colocó a millones de empobrecidos en el centro de sus políticas sociales, como fin de la democracia social, pues se ha terminado con los programas asistenciales con fines políticos, elevando las políticas a derechos constitucionales. Nunca se había visto que un gobierno decidiera otorgar becas a niños y niñas de preescolar y hasta adolescentes de preparatoria, como lo hará la presidenta Claudia Sheinbaum; se atiende la salud, eliminando las cajas registradoras por lo que cualquier persona puede acudir a atender se de cualquier enfermedad sin pagar un peso por la atención médica; a los adultos y adultas mayores tienen una pensión mensual de seis mil pesos, que se extenderá con tres mil pesos a mujeres que cumplieron los sesenta años. Se otorgan apoyos a Jóvenes construyendo el futuro, a mujeres que son madres solteras, a personas con alguna discapacidad, entre otros tantos beneficios.

El Poder Judicial antes y durante el régimen neoliberal se había convertido en el “guardián de la mafia del poder”, como lo ha expresado Pablo Gómez. Esto ha llegado a su fin porque el gobierno de la 4T se ha colocado en la ruta de separar a la aplicación de la justicia del poder del dinero. En ese contexto, de construcción de una democracia social y con justicia, se ha reformado la Constitución y está en proceso la elección de jueces, magistrados y ministros, del Poder Judicial. Sin duda se trata de una de las medidas trascendentales de la actual revolución de las conciencias. Significa que no puede haber democracia social sin justicia efectiva allá, en los juzgados, en el punto en el que se aplica la interpretación de las leyes y en donde prevaleció el dinero sobre la justicia.

La democracia es social y justiciera para el pueblo o no es nada.