Por el delito de abuso de autoridad y despojo de propiedad privada en agravio de un particular, la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea; el síndico municipal y el director de Obras Públicas del ayuntamiento enfrentan una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos (FECDCSP).

La presidenta municipal, Irene Olea Torres; el síndico municipal, Omar Flores Vázquez; y el director de Obras Públicas, Donato Gutiérrez Ocampo, están involucrados en la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.MUN.-I/402/2023, que sigue en proceso con la aportación de pruebas por parte del denunciante.

En junio de 2023, un particular, con domicilio en el barrio de La Asunción, al sur de la zona urbana de Izúcar de Matamoros, interpuso una denuncia por despojo y afectación a su propiedad, además de otros posibles delitos relacionados.

Manuel Rodrigo Torralba Rodríguez expuso que, en diciembre de 2021, dos meses después de que los funcionarios asumieron sus cargos, tres empleados del área de Obras Públicas llegaron al domicilio de Noé Torralba Domínguez, ubicado en la calle Hidalgo número 108-B, en el barrio La Asunción, para informarle que se realizaría una obra de adoquinamiento.

Le explicaron que su predio invadía parte de la calle, pero el propietario les solicitó rectificar las medidas. Los trabajadores respondieron que solo estaban cumpliendo con su labor y que debía dirigirse a las autoridades correspondientes para recibir una respuesta oficial. El ayuntamiento izucarense despojó al afectado de una porción de 6 metros con 90 centímetros de ancho por 17 metros de largo de su terreno.

En abril de 2023, el personal de la misma instancia, tras solicitar documentos probatorios, recibió la documentación del propietario, pero la respuesta fue que esa parte del terreno "ya es propiedad del ayuntamiento". Esta decisión fue ratificada por el síndico municipal, quien indicó que el afectado podía proceder legalmente si lo consideraba necesario.

Tras varios intentos fallidos de llegar a un acuerdo con la alcaldesa y el síndico, el afectado decidió interponer la denuncia correspondiente. Aunque se logró establecer contacto con la defensa legal de los funcionarios, indicaron que en su momento proporcionarán más detalles sobre el estatus legal de la Carpeta de Investigación. (RC)