La reforma al Poder Judicial sigue adelante, respaldada por la ciudadanía, aprobada en la Cámara de Diputados y en breve en la de Senadores. Con este impulso, su trámite en las legislaturas estatales parece inevitable.

La voluntad popular, representada en los legisladores, impulsará la reforma constitucional, que será implementada por el Ejecutivo. Así, los jueces y juezas perderán los privilegios que han abusado durante años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha suspendido su función constitucional de procurar justicia, dejando a millones de mexicanos sin acceso a este poder. Ocho de los once ministros decidieron apoyar el paro de sus trabajadores, uniéndose a la protesta contra la reforma.

Este paso, tomado en sesión privada, revela un error sin precedentes. Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel se oponen a esta decisión. Los otros ocho ministros ahora corren el riesgo de juicio político por la vía rápida, por omisión en el cumplimiento a sus tareas, como lo expone la fracción l del artículo 109 de la Carta Magna; "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho."

¿Qué sigue?

• Aprobación en las legislaturas estatales
• Implementación de la reforma constitucional
• Cambios en la elección de jueces y magistrados
• Repercusiones para la SCJN y el sistema judicial

La reforma avanza, pero su impacto aún es incierto. ¿Cuál será el resultado final?

Relación en pausa con el embajador Ken Salazar
Los expertos señalan que las decisiones del gobierno estadounidense respecto a México deben considerar la delicada relación entre ambos países y evitar una crisis en su extensa frontera común.

La reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos en México tienen un componente geopolítico, influenciado por la situación política en Estados Unidos, especialmente en relación con las elecciones y las posibilidades de Kamala Harris.

El presidente López Obrador es consciente de esto y ha suspendido temporalmente su diálogo diplomático con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Sin embargo, continúa brindando apoyo en materia de migración.

La incertidumbre y cautela del gobierno estadounidense persistirán hasta las elecciones del 5 de noviembre, evitando confrontaciones con el presidente mexicano.

El Poder Judicial tráfico de influencias
El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal afirma que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se ha caracterizado como un órgano opaco e ineficiente. No obstante que los diputados le han otorgado un aumento creciente de recursos que se traducen que del 2010 al 2023 se incrementaron 45 mil millones de pesos al año, no se observó mejora significativa en la impartición de justicia. El CJF recibe denuncias por faltas administrativas, acoso y abuso, pero que apenas “se ha sancionado a 106 servidores públicos y, si ya esta cifra es baja, se ve empañada con el hecho de que el 0.6 corresponde a sanciones económicas, el 99.4 a sanciones administrativas y más del 30 por ciento fueron sólo amonestaciones.

Para la Ministra de la SCJN, Lenia Batres, el Poder Judicial mexicano está dominado por intereses especiales, cerrando sus puertas al pueblo y abriéndolas al tráfico de influencias. Los datos lo confirman:

• De 258 mil tesis y jurisprudencias vigentes, solo 195 se relacionan con el derecho a la salud.
• 70 tratan sobre el derecho a la educación.
• 30 abordan el derecho a la vivienda.
• Solo 13 se refieren al derecho al agua.

En contraste, se han emitido:

• 12.845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria.
• 1.387 sobre propiedad privada.
• 891 sobre libre mercado, considerado incluso como derecho humano.

¿Así o más claro?

En defensa del Poder Judicial, el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó a los legisladores cuando hablaban de un PFJ corrupto, el cual está integrado por 55 mil servidores públicos, de los cuales son 1647 juezas, jueces, magistradas y magistrados, y 30 mil abogados, abogadas de todas las edades que pertenecen al Sistema de Carrera.

Desempeño de la Corte
El pueblo que espera una justicia pronta y expedita, en redes sociales reprocha a la Corte que cada sábado los magistrados de la SCJN liberan a un delincuente. Un reducido grupo de beneficiados tienen un presupuesto de 90 millones de pesos para anteojos, 24 millones para el festejo del Día de las Madres, 26 millones para el Día del Padre, 235 millones para vestuario, 900 millones para traslados, 282 millones para escoltas, 1177 millones para gastos por riesgo. Esto sin contar los fideicomisos de jubilación, retiro y gastos médicos. 

Desafío a la legitimidad
En un movimiento controvertido, jueces federales de Chiapas y Cuernavaca intentaron detener la discusión de la reforma judicial en el Congreso mediante un procedimiento de amparo. Este amparo, concedido por una jueza con vínculos con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, representa una clara invasión de facultades y un peligroso precedente de abuso político.

La reforma judicial, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, busca modernizar y hacer eficiente el sistema judicial mexicano. Sin embargo, enfrenta resistencia de sectores del Poder Judicial, especialmente debido a la posible pérdida de privilegios y canonjías que son contrarias a la austeridad republicana impulsada desde el Ejecutivo.

La jueza que concedió la suspensión ha tomado una decisión improcedente que socava la autoridad del Congreso y obstaculiza el derecho y deber de los representantes del pueblo de legislar en beneficio de la nación. Este acto revela cómo ciertos actores dentro del Poder Judicial utilizan su posición para frenar reformas necesarias.

Posiblemente no nos guste que 500 representantes populares discutan y en su caso ordenen modificaciones constitucionales, que agotado todo el proceso con la intervención de los senadores y legislaturas locales, se concreten dichas reformas. Pero finalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 39 que "la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Si la voluntad del pueblo está representada en el Poder Legislativo, bien puede modificar al Poder Judicial, por muy buenos juristas que ellos sean.

¿O no lo cree usted? 

Para descargar: Minuta de decreto de reforma al Poder Judicial 
https://drive.google.com/file/d/1T8P75Vi2Jn8IxcI3RDnnyGwWxZcBgadb/view?usp=sharing

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