La Corte Penal Internacional (CPI) emitió un total de ocho órdenes de aprehensión en contra de altos mandos rusos, entre los acusados se encuentra el presidente Vladimir Putin, quien enfrenta cargos específicos por la deportación de niños ucranianos a Rusia.

Las últimas dos órdenes de arresto se generaron en contra Serguéi Shoigu, exministro de Defensa de Rusia, y el general ruso Valeri Guerasimov por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra de Rusia con Ucrania.

La CPI, con sede en La Haya, acusó a Shoigu y Guerasimov de dirigir ataques contra civiles y bienes civiles en Ucrania, específicamente por su supuesta responsabilidad en los ataques con misiles contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023, según un comunicado de prensa del tribunal.

En este sentido, Moscú negó las órdenes de arresto argumentando que carecen de fundamento jurídico, destacando que Rusia no es miembro de la CPI. Además, la posición oficial rusa sostiene que la infraestructura energética ucraniana es un objetivo militar legítimo y niega haber atacado intencionalmente a civiles o bienes civiles.

Aunque Ucrania tampoco es parte de la CPI, otorgó jurisdicción al tribunal para procesar crímenes cometidos en su territorio desde noviembre de 2013. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebró la decisión de la CPI e instó a que todos los responsables de los ataques sean llevados ante la justicia.

La emisión de las órdenes de arresto fue interpretada por el Consejo de Seguridad de Rusia como parte de una "guerra híbrida" liderada por Occidente contra Moscú.

Sin embargo, dado que la CPI no tiene capacidad propia de ejecución y depende de la cooperación de los Estados miembros para efectuar arrestos, permanece incierto si los sospechosos rusos enfrentarán algún juicio en el tribunal internacional, especialmente porque Rusia tiene una política de no extraditar a sus ciudadanos y la CPI no permite juicios en ausencia. (MCJ)