La construcción de ciudadanía de las mujeres ha sido larga y con muchos obstáculos, y hasta la fecha no está acabada. Mujeres desde la antigüedad han alzado su voz para pedir que sus derechos políticos, electorales, de participación en los espacios públicos sean reconocidos.

En Grecia en la comedia de Aristófanes, La Asamblea de las Mujeres se narra la discriminación que vivía la población femenina al no permitírseles expresarse o participar en el ágora donde se discutían los asuntos públicos y sus posibles soluciones. Esta obra fue escrita hace 25 siglos, en el año 392 antes de cristo y versa sobre un grupo de mujeres encabezado por la protagonista Praxágora, quienes instauran una nueva forma de gobernar con igualdad entre hombres y mujeres.

A lo largo de la historia son distintos los hechos que dan cuenta también de las luchas de muchas mujeres por conquistar espacios de participación política y que sus derechos sean reconocidos. Más cercana están las acciones y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, documento elaborado en 1791 por la francesa Olympe de Gouges.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolló la lucha sufragista de las mujeres en todo el mundo, siendo Nueva Zelanda en 1892, la primera nación en que se reconociera este derecho. Las mexicanas obtuvieron el sufragio universal el 17 de octubre de 1953.

En México estamos frente a la posibilidad de tener la primera mujer presidenta del país, desde 1824. Han sido 200 años de alzar la voz y exigir que se otorgaran esos derechos para una plena participación y lograr la representación política. Fue hasta 1979 que Griselda Álvarez fue la primera gobernadora del país en el estado de Colima; rompiendo con los estereotipos tradicionales.

Algunas mujeres que han buscado ser presidentas de nuestro país son: Rosario Ibarra de Piedra en 1982, Cecilia Soto y Marcela Lombardo Otero en 1994, Patricia Mercado Castro en 2006, Josefina Vázquez Mota en el 2012, Margarita Zavala en el 2018, y en el 2024 Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

La fuerza electoral de las mujeres es evidente, representa más del 50 por ciento del padrón, son un total de 51 millones 399 mil 566 mujeres inscritas en la lista nominal, lo que las convierte en la mayoría de los electores en México, al haber 47 millones 624 mil 306 hombres y 103 personas no binaries inscritos en el mismo padrón.

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó lineamientos de paridad de género para garantizar la participación de las mujeres en la renovación gubernaturas, presidencias municipales, senadurías, diputaciones federales y locales las mujeres candidatas en los más de 20 mil cargos de elección, están sufriendo violencia política.

La consejera del INE, Carla Humphrey Jordan ha señalado que más del 72 por ciento de los casos de violencia política surgen en el ámbito municipal y “es aquí donde tenemos una deuda muy importante y donde tenemos que trabajar de la mano de los municipios, para garantizar que las mujeres no sean violentadas por querer ocupar un cargo público”.

El proceso electoral 2023-2024 recoge las últimas reformas que han buscado lograr la igualdad sustantiva y el pleno goce de los derechos político-electorales de las mujeres en un marco de la no violencia y discriminación, con el reconocimiento del principio constitucional de la paridad en el año 2014 y la reforma para tipificar la violencia política contra las mujeres por razones de género en abril de 2020.

Es la primera vez que se cuenta con protocolos y guías en todo el país para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres. El Tribunal Federal Electoral de la Federación recientemente presentó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres, especializada en la atención de asuntos de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género; ofrece representación jurídica, asesoría jurídica y orientación.

Por ello es importante que sigamos promoviendo la paridad en todos los ámbitos, donde se garantice el acceso equitativo de las mujeres y ellas puedan acceder a los cargos de poder libres de violencia y discriminación, siendo capaces de instaurar una agenda de la igualdad.

Los partidos políticos también tienen la gran responsabilidad de instaurar las Unidades de Género y sus propios protocolos para prevenir la violencia política; de destinar recursos para la capacitación y formación con perspectiva de género de sus militantes. Además de promover la participación política de mujeres en condiciones de igualdad y libre de violencia.

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