El Congreso de Puebla aprobó condonar 161 procedimientos sancionadores, del 2010 al 2016, entre los que destacan las cuentas públicas de Juan Enrique Rivera Reyes, Ernestina Fernández Méndez, Pablo Morales Ugalde y José Juan Espinosa Torres.

Lo anterior, a pesar de que algunas resoluciones incluían responsabilidades administrativas o señalamientos por delitos penales, mismos que continuarán abiertos.

Las 161 cuentas públicas se quedaron en la Auditoría Superior del Estado (ASE) bajo el estatus de “no resolución”, lo que provocó que prescribieran, debido a que los informes no fueron revisados por el Legislativo.

En sesión ordinaria, con 36 votos a favor y cinco abstenciones, el pleno aprobó los dictámenes que presentó la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, relativos a la resolución de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades de 161 sujetos obligados.

En su intervención, el diputado panista Gabriel Oswaldo Jiménez López señaló que el órgano fiscalizador del estado no remitió los informes correspondientes al Congreso de Puebla, a pesar de que existían observaciones que subsanar y presuntos delitos detectados.

Dijo que la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación determinó cerrar estos expedientes por prescripción, “acción que no es ideal”, para cumplir con sus obligaciones procesales, aunque destacó que los procedimientos penales seguirán su cauce legal.

“Esto confirma, de alguna forma, que la Auditoría era utilizada, y voy a hablar en perjuicio de todos los gobiernos anteriores, como garrote político. Porque así traían de una cuerda a los presidentes municipales o a los directores de OPD´s y nunca les aprobaron las cuentas públicas para tenerlos así”, explicó en tribuna.

Jiménez López exigió que la Unidad Técnica de la ASE, dependiente del Legislativo, investigue a fondo el caso, para determinar quiénes fueron los funcionarios responsables de estas omisiones.

¿A quiénes se les condona su cuenta pública?

En la lista destacan políticos y exfuncionarios como José Juan Espinosa Torres, ahijado del exgobernador Mario Marín Torres, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula en el periodo 2014-2018.

También Ernestina Fernández Méndez, quien fue condonada por su desempeñó al frente del municipio de Tehuacán durante el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.

En la lista se encuentra Carlos Gordillo Ramírez, a quien le prescribió la revisión de su cuenta pública revisada del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, a pesar de ser señalado por no haber comprobado un gasto superior a los 25 millones de pesos en ese año.

Además, aparece el empresario gasolinero y ex alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, quien en junio de 2017 fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) por un desvío de 20 millones de pesos hacía las cuentas bancarias de su hija y un colaborador. A él lo exoneraron por sus cuentas públicas de 2015 y 2016.

Asimismo, se encuentran políticos en funciones, como el presidente municipal de los Reyes de Juárez, Manuel Herrera Ponce a quien se le condonó la cuenta pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013; y el diputado local Juan Enrique Rivera Reyes, a quien le absolvieron las cuentas públicas del 2014 y 2015, cuando fungió como presidente municipal de Chignahuapan.