Casi un año después de que la propuesta fuera presentada ante el pleno, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la “Ley Montse” con la que se podrá sancionar penalmente a los familiares y amigos cercanos de los presuntos feminicidas que desvíen las investigaciones en su contra, o los ayuden a encubrir el delito.

Con 37 votos a favor, los diputados locales eliminaron la exclusión absolutoria que actualmente contempla la ley local para los crímenes en razón de género y castigar a las personas allegadas al presunto delincuente que obstaculicen la justicia.

Lo anterior, al adicionar un segundo párrafo al Artículo 212 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El delito de encubrimiento se encuentra estipulado en el artículo 209 del Código Penal y lo sanciona con una pena de quince días a dos años de prisión, pero no comprende al cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes en línea recta o colateral dentro del segundo grado.

Además, se impondrá una pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 103 mil 740 y hasta 207 mil 480 pesos a quien desvíe u obstaculice la investigación de un hecho delictivo, de acuerdo con el Artículo 210 Bis.

Con las modificaciones, se dejaría de excusar de responsabilidades a las personas cercanas de quienes cometen feminicidio o tentativa de feminicidio, ya sean familiares o amigos, por lo que serían acreedores a las multas antes descritas.

Las modificaciones son una homologación con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en octubre del 2022, propuesto por la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura. Dichas modificaciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de este año.

La iniciativa fue bautizada como “Ley Montse” por el caso de Montserrat Bendimes, una joven veracruzana de 20 años que presuntamente fue atacada por su pareja Marlon N, el 17 de abril de 2021.

La joven resultó herida con traumatismo craneoencefálico, lo que le causó muerte cerebral y falleció días después. El presunto responsable estuvo prófugo por más de un año y fue auxiliado por sus padres, con quienes huyó.

Cabe recordar que la iniciativa fue presentada en noviembre de 2022, por la diputada Nora Merino Escamilla, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) y fue dictaminada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia hace unos días, el 2 de octubre.

En aquella ocasión, Merino Escamilla también recordó el caso de Minerva Calderón, una joven que fue asesinada en su domicilio y cuyo presunto agresor, José Rodrigo N, logró escapar debido a que sus padres -médicos adscritos al Hospital Ángeles- curaron sus heridas y encubrieron su escape. (JC)

Foto: Agencia Enfoque