- Política
Proponen aumentar causas de violencia económica contra mujeres en Puebla
El Congreso de Puebla buscará que además de limitar o controlar sus percepciones económicas, el prohibir o condicionar que las mujeres puedan trabajar sea considerado como violencia económica.
Es decir, que cuando alguna persona limite las actividades laborales de una mujer o la obligue a trabajar en un negocio familiar sin remuneración alguna, ésta será sancionada.
La diputada morenista María Yolanda Gámez Mendoza propuso reformar la fracción IV del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para dotar a las poblanas de independencia financiera.
De acuerdo con la propuesta, las violencias económica y patrimonial resultan mucho más cotidianas, para un mayor número de mujeres en el mundo, ya que no solamente se ejercen en el ámbito familiar, sino también en el espacio laboral.
También recordó que desde el año 2017 y hasta antes del inicio de la pandemia por Covid-19, la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres fue del 15 por ciento, es decir, “por cada 100 pesos que ganaban los hombres mensualmente, las mujeres percibían sólo 85 pesos”, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Actualmente, Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera como violencia económica “toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también se considera como tal el incumplimiento de la obligación alimentaria”.
De aprobarse la iniciativa de la legisladora Gámez Mendoza, también se considerará como tal “la prohibición, impedimento, limitación o condicionamiento, de parte de la pareja para trabajar, además, de la obligatoriedad de trabajar, en un negocio familiar, sin remuneración económica alguna”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada petista Nora Merino Escamilla, para su análisis y resolución correspondientes.