El Congreso de Puebla buscará que un deudor alimentario en Puebla no pueda acceder a cargos de poder o elección popular; además, pedirá que sean inscritos en un padrón especializado, para facilitar su identificación.

También pasarían de seis meses a tres años de cárcel aquellos que abandonen a una mujer embarazada; y quienes ya tengan hijos perderían sus derechos como padres de familia.

Esas son algunas propuestas que presentaron ante el pleno las diputadas morenistas Yolanda Gámez Mendoza, Daniela Mier Bañuelos y Eliana Angélica Cervantes González, así como la petista Nora Yessica Merino Escamilla.

Un deudor alimentario moroso es la persona que estando obligada a proporcionar alimentos a sus hijos han dejado de cumplir, siendo hombres los que más quebrantan los ordenamientos judiciales.

Además, acudió al Legislativo la activista Diana Luz Vázquez para proponer que en Puebla le den luz verdad a la Ley Sabina que considera como delito el abandono a una mujer embarazada y que se haga obligatorio el pago de pensión alimenticia.

Es la primera vez que diputadas de una legislatura acuerpan y tienden a #DeudoresAlimentarios con nosotras. Qué maravilloso momento. Gracias por tu fuerza @DanielaMierB pic.twitter.com/4zpxA8KGIB

— Diana Luz (@DianaLuzVa) March 15, 2023

Horas antes de arribar al Congreso encabezó en el zócalo a las mujeres que participaron en el Tendedero de Denuncia de Deudores Alimentarios, y aseguró que Puebla es la segunda entidad con más casos a nivel nacional, pues hay más de 800 mil mujeres que se encargan en solitario de la manutención de sus hijas e hijos.

Piden 3 de 3 contra violentadores y deudores alimentarios

Nora Merino propuso modificar los requisitos detallados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para ser juez, magistrado, legislador, alcalde, o gobernador.

Esto para impulsar “la 3 de 3 contra la violencia” y evitar que algún agresor de mujeres sea considerado para participar en procesos electorales o laborar como burócrata. Además, se homologará con los trabajos realizados en la materia por la Cámara de Diputados.

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“Para que ningún servidor o servidora pública que haya cometido violencia política de género, sea deudor alimentario o haya cometido violencia familiar pueda acceder a un cargo de elección popular o sea parte del servicio público”, detalló la legisladora.

Su iniciativa pretende reformar la fracción II del Artículo 36, la fracción V del Artículo 74, la fracción IV del Artículo 89, y adicionar la fracción III del Artículo 36, la fracción VI del Artículo 74, todas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Presentó otro proyecto para crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Puebla, retomando la iniciativa que la diputada Mónica Lara Chávez presentó en 2019.

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No obstante, reconoció que la Ley Sabina es más amplia en cuanto a disposiciones y alcances, pero confió en abonar una vez que inicie su análisis bajo el principio de concentración.

Piden prisión para deudores alimentarios e impulsan Ley Sabina

El bloque morenista conformado por Daniela Mier Bañuelos, Eliana Angélica Cervantes González, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, José Iván Herrera Villagómez, María Yolanda Gámez Mendoza presentaron una serie de reformas al Código Civil y Código Penal de Puebla, para sancionar “a padres irresponsables y deudores alimentarios”.

Indicaron que esto constituye una forma de violencia de género, por lo que “las consecuencias legales de ser un deudor alimentario moroso deben incluir desde multas, embargo de bienes, restricciones de viaje e incluso la cárcel”.

De acuerdo con la propuesta, a quien abandone a una mujer embarazada, y sin causa justificada incumpla obligaciones económicas y de atención durante el periodo de gestación, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa de 150 a 500 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de 15 mil 561 pesos a 51 mil 870 pesos; además de la privación de los derechos familiares.

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También se le prohibirá adoptar, tener actividades de convivencia, obtener la guarda y custodia de las hijas y/o hijos, habitar el domicilio familiar, entre otros.

Además, apoyarán la Ley Sabina, que contempla 24 reformas a los Códigos Civil y Penal, la creación de un registro estatal de deudores alimentarios, la cancelación de licencias de conducir y pasaportes, para que cumplan con sus obligaciones.

Presentaron una iniciativa similar a la de la diputada petista Nora Merino Escamilla, para elevar a rango constitucional la medida "3 de 3 contra la violencia" y hacerla requisito obligatorio para ser candidata o candidato de elección popular, o tener un empleo o comisión en el servicio público.

Esto aplicará para quienes hayan cometido violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, así como delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a la de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución.