Desde el año pasado existen constantes quejas de policías ministeriales que aseguran que más de 200 de ellos se encuentran desarmados, debido a que la corporación no ha actualizado la licencia colectiva de portación de armas de fuego, lo cual los expone físicamente en situaciones riesgosas y les impide dar los resultados deseados en el combate a la delincuencia.

Elementos de la Policía Ministerial, quienes pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias, manifestaron a e-consulta que algunos de los argumentos que les dan en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) es que no pueden portar las armas por haber reprobado los exámenes de control de confianza.

Lo anterior, señalaron, es un inconveniente para realizar su trabajo y arriesgarse, por ejemplo, a hacer detenciones o a enfrentarse con sujetos peligrosos que los llevan en desventaja por ir armados.

Explicaron que en diversas ocasiones se han encontrado con individuos de los más buscados a nivel local (que en el argot policiaco suelen llamarlos “los buenos”), como es el caso de los delincuentes dedicados al robo a cuentahabiente en la capital, a quienes no pudieron detener aquella vez precisamente por carecer de armamento.

Cabe mencionar que hace unas semanas la PGJ presentó a una banda de asaltantes de cuentahabientes. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, esos no son “los buenos”, pues aunque en el interior de la corporación trascienden varias versiones sobre los principales responsables de este delito en el municipio, se dice que los verdaderos rateros provienen de Centroamérica y presuntamente actúan con el permiso de las autoridades estatales.

Los policías detallaron que, desde mayo pasado, luego de dispararse los robos a cuentahabientes, son obligados a hacer guardias en instituciones bancarias y centros comerciales para —supuestamente— acechar a los ladrones. No obstante, mientras ellos se encuentran vigilando ciertos puntos, los robos se cometen donde no hay presencia policiaca.

Al respecto, los agentes manifestaron que esos rateros ya hubieran sido detenidos si las autoridades les brindaran los apoyos y el equipamiento necesarios que no tienen desde el inicio de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Además de las armas, los policías investigadores se inconformaron sobre el pago de los 600 pesos que les quitaron desde hace un año, los bonos de 200 pesos, y la falta de apoyo del director de la corporación, Juan Luis Galán Ruiz, así como del procurador Víctor Carrancá Bourget, de quien dijeron “siempre está en la Ciudad de México y rara vez lo encontramos en la procu”.

Los elementos agregaron que, el pasado mes de mayo, un día después de que el Ejército Mexicano hiciera un operativo en tres municipios para revisar armas, documentación y personal de seguridad pública, los mismos soldados supervisaron a la Policía Ministerial, incluido a Galán Ruiz, a quien le quitaron su arma por no tener la licencia. No obstante, al día siguiente, el director volvió a armarse.

Es importante comentar también que hay varios agentes que sí portan las armas cortas y los rifles que les presta la dependencia. Sin embargo, ellos tienen que poner dinero de sus bolsillos para comprar las balas y así poder desempeñar su trabajo.

Éstas son sólo algunas de varias irregularidades y malos tratos que fueron denunciados por los ministeriales, quienes por esos motivos expresaron su desmotivación para laborar, pues sienten que ellos están dando más de sí mismos a la PGJ que lo que en realidad la dependencia les da a sus trabajadores y a la sociedad.

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