Docentes de bachilleratos de Puebla promovieron amparos contra el gobierno estatal por retener sus salarios tras iniciar una auditoría a las plazas de Profesor de Tiempo Completo titular C.

El lunes presentaron el primer amparo en el que se acusan violaciones a derechos humanos y laborales por parte de la Secretaría de Educación del estado y el gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta, pues señalaron que la retención salarial carece de sustento legal. 

El abogado Andrés Munguía, quien representa a los docentes, aseguró que al menos una docena de amparos serán presentados esta semana, pues calculó que son alrededor de 600 maestros afectados. 

“Amparo y Protección de justicia federal en contra de los actos de las autoridades que señalaré como responsables, al considerar que los mismos violan en perjuicio del suscrito los derechos humanos de pago de salario, disposición del producto de trabajo, a un trabajo digno y seguro, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 1, 3, 5, 14, 17, 17 y 123 de la ley de la Constitución”, se señala como acto reclamado.

El recurso fue interpuesto ante el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en San Andrés Cholula.

Además de Barbosa Huerta y la Secretaría de Educación, encabezada por Melitón Lozano Pérez, el amparo también señala como autoridades demandadas a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta.

Auditan con ley de 2018 plazas antiguas

Andrés Munguía explicó que el 13 de julio las y los maestros en general recibieron el pago de tres quincenas, sin embargo, no recibieron nada los de categoría C, que son las plazas mejor pagadas, con sueldos base desde 30 mil pesos mensuales.

Detalló que normalmente la SEP paga vía transferencia electrónica, pero tras los reclamos por la retención condicionó los sueldos a cambio de firmar un oficio, en el que, entre otras cosas, se requiere a docentes acreditar antes del 28 de julio que cumplen los requisitos para tener su plaza.

Sin embargo, los requisitos que se exigen fueron implementados con la Reforma Educativa del 2018, pero muchas de las plazas auditadas se otorgaron en años anteriores, es decir, que se pretende aplicar la ley de forma retroactiva, lo cual ven como ilegal.

Los requisitos que les exigen son: tener un doctorado o maestría en Educación, mostrar evidencias de contribuciones a la práctica docente y demostrar siete años de experiencia docente, como lo establece el artículo 12 del Acuerdo para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico, promulgado en febrero de 2018.

El lunes la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirmó que tuvo negociaciones con la Secretaría de Educación y esta aceptó seguir la auditoría sin retener sueldos, sin embargo, Andrés Munguía aseguró que esto no ha ocurrido y los pagos continúan retenidos o condicionados a la firma del oficio.

Por ello advirtió que continuarán promoviendo amparos, aunque reconoció que muchos temen represalias por parte del gobierno.