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Finanzas sí regulará tabuladores salariales, reconoce el gobierno

  • Patricia Méndez
El consejero jurídico aseveró que la regulación será apegada a la Ley de Disciplina Financiera.
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Con la nueva reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Público, será la Secretaría de Planeación y Finanzas (SFP) la que apruebe los tabuladores salariales de las instancias públicas en el estado, incluidos los de organismos autónomos.

Así lo señaló el consejero Jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Velázquez Cruz, quien argumentó que la aprobación que realice la SPF se realizará con base en la Ley de Disciplina Financiera.

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el funcionario explicó que la normativa en cuestión no es reformada, por lo menos, desde 2012, lo que representa un atraso para el estado por no contar con un sistema integral de administración financiera.

Por eso, dijo, el gobernador presentó una propuesta de reforma al Congreso local, con la que se busca que haya menos dispersión en el gasto público, es decir, que lo que se gasta sea realmente lo aprobado por los diputados.

La modificación también prevé una regulación a las obligaciones de las dependencias estatales y de organismos autónomos que presupuestalmente dependen del estado, en la presentación de sus tabuladores salariales.

La regulación correrá a cargo de la SPF, que revisará los tabuladores salariales pero de forma apegada a la Ley de Disciplina Financiera que opera en el país.

El funcionario justificó que las modificaciones propuestas por el gobernador son necesarias, pues buscan que se gaste mejor y que se ahorren recursos públicos para enfrentar emergencias como la pandemia de Covi-19.

El control del gasto aplicaría para el Poder Legislativo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Instituto Electoral del Estado (IEE), el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

También para la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue), todos ellos constitucionalmente autónomos.

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