Desde algunas semanas se ha hablado del caso judicial contra Emilio Lozoya Austin, por la ola de corrupción asociada con la constructora brasileña Odebrecht, lo cual ha destapado la cloaca de malversación, uso faccioso del poder, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de gobernantes y funcionarios en los a expensas de los recursos naturales y el patrimonio de los mexicanos. Este caso, además de las implicaciones en las “transas” que se llevaron a cabo en los gobiernos de panistas y priistas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es una muestra de todas las triquiñuelas que se llevaron a cabo en estos gobiernos para preparar y aprobar la privatización del país, a través de las llamadas reformas estructurales. Pero, ¿sólo hubo corrupción en el tema energético? ¿qué ocurrió con la “madre de todas las reformas”: la educativa?, ¿hubo corrupción en ella?

La reforma educativa implicó una serie de procedimientos que buscaron la legalización de la privatización de la educación y la búsqueda de legitimidad de una propuesta que, evidentemente, no sólo atentaba contra los derechos laborales de los docentes (cuestión que debe ser revisada, lejos de la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE) y la violación del derecho a la educación de todos los estudiantes, reconociendo las limitantes del Estado ante la diversidad de contextos, la desigualdad y la inequidad que se vive en el país. Auspiciado en el concepto de calidad, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se valieron de la evaluación educativa a gran escala, la autonomía institucional y el servilismo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para reproducir el esquema neoliberal en la educación favoreciendo los intereses del gran capital nacional y trasnacional.

La reforma educativa era una modificación legal en materia laboral y administrativa y la preparación de los estudiantes mexicanos para ser mano de obra calificada en su vida futura, la cual fuera útil para competitividad económica, traducida en ganancias para los grandes empresarios.

En los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se derogó la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y se extinguió la institución (sólo de nombre, ya que sigue intacta en estructura y personal en la Secretaría de Educación Pública) y se modificó el artículo 3º constitucional, sin embargo, no se investigaron ni esclarecieron las operaciones que se presentaron entre el gobierno y los capitales implicados para la aprobación y el beneficio que se tendía con dicha reforma. Tampoco, se investigó el mal uso de la información producida por las evaluaciones Planea, así como la calificación del personal en la institución y la asignación de plazas laborales en el INEE.

Ojalá, la información que Lozoya aporte para esclarecer los temas de corrupción en el Estado mexicano, permita no sólo indagar en materia energética, sino en materia educativa y que los implicados, como los entonces funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Junta de Gobierno del INEE, así como los directores que manejaron, usaron y ocultaron información, sean sancionados y no sólo se toque lo espectacular, sino todo aquello que afectó a docentes, estudiantes y padres de familia.

Es importante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solape en las instituciones educativas a quienes operaron la reforma que afectó a miles de profesores y estudiantes y que investigue la corrupción que se dio para que está pudiera operar con rango constitucional. Un gobierno democrático no solapa ningún tipo de corrupción e investiga para sancionar a los culpables.

Picaporte

La primera dama del país, Beatriz Gutiérrez, se lanza contra Twitter México, después de que un usuario de la red social mostró a Jesús Ernesto López Gutiérrez, paseando en un hotel de lujo de Acapulco, Guerrero y sin cubrebocas. Es sumamente curioso que las únicas veces que la esposa del presidente de la República sólo hace este tipo de “defensas” a la infancia cuando tocan a su hijo y no con las niñas y los niños vulnerables del país, quienes están encerrados en sus hogares o trabajando con sus padres y no van a hoteles lujosos. Qué vergüenza, pretender callar la libertad de expresión y la verdad, por ser mamá gallina.