Puebla contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) entregó a la Procuraduría Agraria un expediente con las anomalías detectadas en la instalación de Audi para que se investigue a los exfuncionarios involucrados.

A personal del Registro Público de la Propiedad y del Banco Estatal de Tierra (BET) se señala de haber operado la compra fraudulenta de terrenos en San José Chiapa.

El oficio se entregó el martes y quedó registrado con el número de folio 03906, dirigido a Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, titular del organismo federal.

Enrique Cárdenas Sánchez, miembro de la organización, denunció que las 460 hectáreas que ocupa la planta armadora de autos se adquirieron a 4 pesos el metro cuadrado.

En entrevista este miércoles enfatizó que la investigación del libro “La Trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario” reveló que, en un solo día, funcionarios compraron los predios, se convirtieron en ejidatarios y vendieron a sobre precio las tierras al BET.

En ese esquema se adquirieron otras 600 hectáreas para la construcción de Ciudad Modelo, el Parque Finsa II y la carretera que conduce a la planta.

En el oficio se exige a la procuraduría investigar al personal que avaló la compra, escrituración y venta de predios en “fast-track”, así como el raquítico avalúo.

Exigen fincar responsabilidades

La demanda de fincar responsabilidades se extendió también al Congreso del estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la Fiscalía Anticorrupción y el Itaipue.

En el Poder Legislativo, el excandidato del PAN a la gubernatura presentó un oficio con varias peticiones, entre las que destaca la de reformar la Ley de Deuda Pública y la de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS), para poner un límite al endeudamiento.

También retirar al gobernador y al secretario de Finanzas la facultad de usar de forma discrecional este formato para edificar obras, como hizo el exgobernador Rafael Moreno Valle en su gobierno para edificar la plataforma de Audi, el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Lo anterior ya se había llevado a cabo por la LX Legislatura, pero el dictamen fue vetado por el exgobernador Antonio Gali Fayad.

Cárdenas Sánchez enfatizó que la modalidad de PPS no es negativa, siempre y cuando se transparenten los contratos, exista una regulación por parte del Congreso del estado y la adecuada fiscalización de recursos.

Autonomía a órganos

Por ello enfatizó que es necesario garantizar la autonomía de los órganos constitucionales, como la ASE, el SEA y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaipue).

A los diputados y al gobernador Miguel Barbosa Huerta demandó no continuar utilizando a la ASE como “garrote político” y que la designación del próximo titular no sea una cuota política.

Foto Agencia Enfoque