Los tribunales han recibido hasta el momento 862 demandas de amparos, de 4 mil 74 personas, que se oponen a ganar menos de 108 mil pesos, tal como lo estableció la ley de remuneraciones que aprobó el Congreso.

Los funcionarios que presentaron sus demandas de amparo trabajan en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Federal de Competencia Económica, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en Petróleos Mexicanos, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Comisión Federal de Electricidad, en el Servicio de Administración Tributaria, y en el Instituto Nacional Electoral.

En una nota que publica el diario Milenio con la firma de Rubén Mosso se indica que de las 4 mil 74 personas que se ampararon, 351 son jueces y 383 son magistrados.

El lunes 5 de noviembre los legisladores publicaron en el Diario Oficial de la Federación el decreto que elimina la pensión de los ex presidentes y que regula los sueldos de los funcionarios públicos.

Con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se oficializa que nadie gane un sueldo mayor al que recibe el presidente de la república y se canceló el apoyo económico a los ex presidentes.

“Al momento de la entrada en vigor de la presente ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma”.

El martes 27 de noviembre, se difundió que los jueces y magistrados tenían lista una demanda de amparo modelo que les serviría para enfrentar las reformas que ha propuesto el Congreso de la Unión.

Los jueces y magistrados consideran violatorias de su autonomía varias de las reformas que ha propuesto el gobierno federal y se alistaban para defenderse legalmente.

Aseguraron que enfrentarían las reformas que emanan del Congreso y que afectan la independencia del Poder Judicial.

La demanda la interpondrían para eliminar varias de las reformas que ha propuesto en el Congreso el Movimiento Regeneración Nacional.

El viernes 7 de diciembre, la Suprema Corte ordenó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones hasta que se estudie y se resuelva la acción de inconstitucionalidad que presentaron los opositores.

La Ley de Remuneraciones indica que ningún funcionario federal puede ganar más que el presidente de la república en turno, 108 mil pesos.

Alberto Pérez Dayán, ministro de justicia, indicó que para evitar que se produzca un daño irreparable, la ley de salarios debe detenerse hasta que se emita una resolución jurídica.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”.

El ministro admitió a trámite la controversia que interpusieron los legisladores de oposición para impedir que disminuyan los salarios de los funcionarios federales.

El Congreso deberá fijar los salarios que percibirán el presidente y los funcionarios, sin tomar en cuenta lo que ordena la Ley de Remuneraciones.

Crédito de la foto Noticieros Televisa