El gobernador José Antonio Gali Fayad planteó al Congreso local una reforma para entregar hasta el 18 de diciembre los presupuestos de ingresos y egresos del próximo año, con el argumento de que existe incertidumbre sobre los recursos que el estado recibirá en 2019, e incluso se prevé una baja cercana a los 13 mil millones de pesos.

Esto ocurre en el marco de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la impugnación del resultado de la elección de la gubernatura, que deberá emitirse antes del 14 de diciembre, ya que un día después está planteado el cambio de gobierno.

En conferencia de prensa este martes, el secretario de Finanzas y Administración, Enrique Robledo Rubio, rechazó que la incertidumbre política haya originado la petición para aplazar el paquete económico del próximo año.

“Esto no tiene que ver con lo que está pasando en Puebla. Nosotros lo que estamos sugiriendo es ser congruentes con lo que está pasando con el gobierno federal”, puntualizó.

No hay certeza sobre los recursos de 2019

El funcionario estatal explicó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha señalado que podría realizar cambios a la política financiera del país, como eliminar impuestos en la frontera o desaparecer el Seguro Popular, lo que ha generado incertidumbre sobre los ingresos que los estados recibirán el próximo año.

Ante ello, consideró conveniente esperar a que la administración federal defina sus presupuestos de ingresos y de egresos, para saber con certeza cuántos recursos podría recibir Puebla.

“Queremos ser congruentes con el gobierno federal. Si hacemos caso a la prensa, se habla de varios rubros que se van a cambiar y eso nos podría pegar”, abundó.

Explicó que la ley obliga a la federación a entregar el paquete económico anual a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre, excepto cuando hay cambio de gobierno como ocurre ahora, pues puede hacerlo hasta el 15 de diciembre.

En el caso de Puebla, los proyectos de presupuesto deben ser presentados al Legislativo a más tardar el 15 de diciembre, por lo que el gobernador envió una iniciativa para que el plazo se amplíe tres días más –hasta el día 18–.

Piden cambiar la ley

La iniciativa, que fue enviada el viernes al Congreso, propone modificar el artículo 50 de la Constitución local para homologarla con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y así tener congruencia con la política económica del gobierno de la República.

Aunado a ello, también tendría que ampliarse el periodo de sesiones del Congreso, que concluye el 15 de diciembre, a fin de que reciban el paquete fiscal local.

Robledo pidió a los legisladores, que en su mayoría pertenecen al frente legislativo de Morena, el PT y el PES, avalar los cambios, ya que no se trata de un tema político sino de conveniencia para los poblanos.

“Estamos apelando a la buena voluntad del Congreso y que esta iniciativa sea aceptada. Queremos hacer una ley responsable”, insistió.

Refirió que aunque no descarta solicitar una reunión con los diputados para abordar el tema, el asunto es atendido por la Secretaría General de Gobierno, ya que también es de índole político.

En caso de que los diputados no aprueben la propuesta, dijo que se apegará a los plazos establecidos, pero insistió en que ello podría ocasionar que se haga un presupuesto equivocado. “Yo les pido que aprueben la propuesta, es por el bien de los poblanos”, acotó.  

Puebla podría perder casi 13 mil mdp

El funcionario estatal explicó que López Obrador ha señalado que podría reducir el IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la frontera, así como aranceles a la gasolina (IEPS) y el Seguro Popular, lo que representaría una pérdida económica para el estado hasta de 12 mil 781 millones de pesos.

En caso de que esa baja en el presupuesto se concrete, dijo que no se afectarían programas de obra pública, sino que realizarían ahorros en “gastos superfluos” como viáticos, comidas e incluso se podría recurrir a un eventual recorte de personal.

Subrayó que de ninguna manera se afectaría el pago de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las obras que se construyeron bajo el modelo de Asociación Público Privada, como el Museo Barroco, el Centro Integral de Servicios y las plataformas de la armadora Audi, ya que estas se pagan con gasto corriente y no con los recursos que provienen del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), según lo expuso.  

El presupuesto que los diputados locales aprobaron para 2018 ascendió a 85 mil millones de pesos, y en 2019 podría registrarse una suma similar si no hay cambios en la política financiera nacional, dijo el secretario.

“Los recursos del ISN sólo son una garantía de pago, pero los proyectos se pagan con gasto corriente”, señaló.

Foto Agencia Enfoque