El Partido Acción Nacional (PAN) dio un giro en las negociaciones sobre la reforma energética, pues en lugar de concesiones libres y sin control a particulares, como ocurría hasta la expropiación de 1938, propone licencias de explotación petrolera “para no asustar a nadie” y sin que el Estado pierda el control de extracción.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, se conservará para Petróleos Mexicanos (Pemex) la exclusividad en aguas someras, mientras en el océano profundo la paraestatal tendrá la opción de participar o de plano entregarlo a particulares, y en especial, a compañías altamente especializadas en exploración y explotación.

Con los recursos se creará un fondo soberano para garantizar que las “futuras generaciones tendrán dónde podrán invertir en educación, en el sector energético, infraestructura, y sin que la renta petrolera que se pueda generar derivada de las regalías, se diluya en el gasto público”.

Además, quedará plasmado en la Constitución de la República la invariable propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos para terminar con “el falso debate de la soberanía nacional” tan cuestionado por las fuerzas de izquierda, opositoras a cualquier reforma a la Carta Magna en ese sentido.

En estos puntos resume el senador Francisco Cabeza de Vaca, uno de los negociadores panistas, las bases con las cuales se trata de convencer a los representantes del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que adopten la propuesta del PAN.

En entrevista con el diario 24 Horas, Cabeza de Vaca reconoce el avance de las pláticas y no le cabe duda: al final prevalecerá la iniciativa de reforma energética presentada por Acción Nacional y esto deberá acontecer pronto. La idea de las concesiones, las cuales se manejaron sin control, han quedado atrás y han sido sustituidas por licencias con plena supervisión estatal.

“Aplica la posibilidad de una concesión o como se ha mencionado en los foros y pláticas que hemos tenido, el tema de contratos de licencia que hasta cierto punto es algo muy apegado a lo que viene siendo el término de concesiones; pero pareciera ser que este término es un tabú, y se le tiene miedo y temor”.

El ex alcalde de Reynosa y legislador blanquiazul destacó que la importancia no radicará en el término que se use, sino en el modelo que quedará al final, y eso es lo que “estamos viendo, la opción de  darle al Estado mexicano, en este caso a Pemex, la posibilidad de entrar a contrato de producción compartida, y que estos entren a la sesión con el sector privado; el tema de concesiones o el tema de contratos de licencia, que son términos que de alguna manera pueden empatar”.

En las propias palabras del miembro de la Comisión de Energía del Senado de la República, la licencia “es un contrato de que le permite al Estado mexicano dar un espacio de área, que puede ser en un momento dado, trabajado, o explotado por una empresa ya sea privada o en sociedad con Pemex”.

El legislador panista afirmó que las concesiones que se realizaban en los tiempos de 1938 representan algo muy diferente a los modelos actuales, que buscarían como base de la reforma.

“Hay un abismo, entre el término concesiones, donde antes no había controles, simplemente se le daba a una empresa una concesión  de un área específica para ser explorada y explotada. Hoy, en cambio, se manejan con característica de régimen internacional, donde se protege no solamente la extracción, sino que el Estado mexicano no perdería el control de la extracción, sería siempre controlado por el Estado”.

Añadió que Acción Nacional establece que si se trata de extracción de hidrocarburos en aguas someras, Pemex tiene la experiencia  suficiente y ahí “no tenemos porqué andar compartiendo esta extracción, porque Pemex ahí es donde está especializado”.

Contrario a las aguas someras son las aguas profundas y ultraprofundas. Ahí “qué mejor que quien lleve el riesgo sea el sector privado. Pero que sea también Pemex el que tenga la prioridad de decidir  en estos yacimientos ‘me interesa participar o en estos no’. Que Petróleos Mexicanos siempre tenga la prioridad de escoger cuál es el área donde más le convenga”.

Quien fuera alcalde de Reynosa, Tamaulipas, explicó que sobre estas bases gira la propuesta de Acción Nacional. Si al final sale alguna con apoyo mayoritaria, será “sin duda la más cercana a la del PAN”.

Dijo que también se busca fortalecer a los órganos reguladores, EN este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, dotándoles de autonomía presupuestal y un rango constitucional.

Además, se busca la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo, que sería un fondo soberano, independientemente del nombre, para que parte de esa renta petrolera garantice que “futuras generaciones tendrán donde podrán invertir en educación, en el sector energético, infraestructura,  y sin que la renta petrolera que se pueda generar derivada de las regalías, se diluya en el gasto público”.

El senador tamaulipeco enfatizó que en Acción Nacional tienen claro que el Estado mexicano siempre mantendrá la propiedad de los hidrocarburos “y con eso acabamos con ese falso debate de la soberanía nacional”.

“Vamos a ver qué modelo se seguirá, pero siempre buscando darle la oportunidad al Estado a abrirnos  a los modelos contractuales que más le convenga, no que le convenga al privado, sino a fortalecer a Pemex para que estos dentro de su conveniencia vean qué modelo aplicar”.

Negó además que haya negociaciones “en lo oscurito”, ya que lo que se conoce es lo que se ha visto en los foros, los que se escucha de los funcionarios federales, quienes más allá de la propuesta de (Enrique) Peña, han hecho declaraciones respaldando mucho de las propuestas que ha hecho el PAN”.

Cabeza de Vaca concluyó reafirmando la idea panista en el Senado que, antes de la reforma energética, va la reforma político electoral. “Eso es un acuerdo entre los grupos parlamentarios y fuerzas políticas, y es por eso que la comisión de energía no ha tenido reuniones ni tendrá reuniones  hasta que no se llegue a cumplir ese acuerdo”.

Como se sabe, la iniciativa firmada por el presidente Enrique Peña Nieto rechaza la modalidad de concesión, pues advierte que implica derechos del titular sobre los hidrocarburos, y la propuesta del PAN reincorpora esta forma de contratación anterior a la expropiación petrolera, y la acompaña con un precepto que garantiza buscar el máximo beneficio de la renta petrolera.

Con todo, las dos propuestas se apoyan en la figura histórica de Lázaro Cárdenas. El PRI se propone reponer en la Constitución la reforma de 1940, que dictó el michoacano con la prohibición de expedir concesiones, en tanto que los panistas elogian el diseño industrial que en ese mismo año plasmó el divisionario en la legislación secundaria, que incluyó a particulares.

De acuerdo con otra nota del periódico El Universal, la iniciativa del PRI “conserva la prohibición de otorgar concesiones que confieran derechos sobre nuestros recursos naturales a los particulares”, dice la exposición de motivos. Fuera del proyecto, autoridades federales señalan que el cambio constitucional facultaría al gobierno a otorgar Contratos de Utilidad Compartida en exploración y extracción de hidrocarburos.

Coinciden PRI y PAN en apertura del sector energético

También en la Constitución, los dos proyectos proponen una apertura de la industria eléctrica, con un Sistema Eléctrico Nacional bajo control del Estado. Los priístas van por la participación de particulares en la generación eléctrica, mientras que los panistas rompen el monopolio estatal en este sector y defienden que se otorguen concesiones o permisos en las distintas áreas del proceso: generación transmisión, distribución y comercialización.

La reforma del Ejecutivo toca los artículos constitucionales 27 y 28, y expone implicaciones que tendría en el momento actual el modelo de hidrocarburos cardenista, retomado por Peña Nieto, pero omite toda referencia a la legislación reglamentaria en materia energética.

Por su parte, Acción Nacional propone reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, de manera que tiene propuestas sin contraparte en la iniciativa del Ejecutivo, referentes a sustentabilidad, cambio climático, y perfila como órganos autónomos del Estado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y crea con la misma fuerza un Fondo Mexicano del Petróleo.

Agotados los yacimientos convencionales que dieron a México el auge petrolero, con la explotación de la Sonda de Campeche, el futuro de la actividad con los hidrocarburos está en los mantos localizables a mucha profundidad, que reclaman grandes inversiones y muy amplios riesgos, señalan los proyectos que serán dictaminados en la Cámara de Senadores.

En los escenarios del Ejecutivo y del PAN, Pemex explotará campos convencionales, en los que aplicará la fórmula ronda cero, esto es, sin oferta competidora, opción para la que serán convocados a concursar particulares en áreas de aguas profundas y ultraprofundas.

El PRI plantea las reformas que disuelven el monopolio estatal y señala que ello deriva en el otorgamiento de Contratos de Utilidad Compartida en exploración y extracción, con mecanismos de pago en efectivo o en porcentaje de hidrocarburos. Se prevén permisos a particulares en eslabones industriales de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.

En materia eléctrica, el PRI destaca que se lleva al plano constitucional la apertura en el sector expresada en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de 1992, y que ha permitido que particulares generen ya 33% del fluido nacional. El ajuste dará igualdad de competencia, incluida la CFE respecto de los grandes usuarios.

En transmisión y distribución, la CFE se mantiene como servicio público exclusivo, con capacidad para financiarse y operar proyectos con asistencia de particulares.

Bajo el signo de una apertura total, el diseño del PAN sostiene que con la debida protección a la recuperación de la renta petrolera, es posible aprovechar el potencial petrolero, y para atraer inversiones y tecnologías suficientes plantea las concesiones con la posibilidad de pagar a los participantes con dinero y producto extraído de los yacimientos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendría a su cargo regular la exploración y extracción, al tiempo de que el Fondo Mexicano del Petróleo administraría la renta petrolera y se encargaría de conseguir su máximo beneficio. Sostiene el proyecto panista que el Estado, “al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio sobre el petróleo, de todos los hidrocarburos y de las respectivas vías de comunicación”.

En cuestión eléctrica, el PAN establece que el Congreso tendría la obligación de expedir la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en la que se establecen disposiciones operativas de la rectoría del Estado, y dispondría la prohibición de la integración vertical de los servicios de energía eléctrica, a fin de evitar formación de monopolios.