El tema del gobierno de los “pueblos” en el Estado Libre y Soberano de Puebla, es viejo, fue gestado en el siglo XIX primero como Juntas Municipales y después como Juntas Auxiliares. Esto es, son juntas de gobierno auxiliar al gobierno municipal que es el ayuntamiento, creadas para auxiliar a la autoridad municipal en el ejercicio del poder público en las poblaciones alejadas de las cabeceras del municipio. La figura se justificaba plenamente en el siglo XIX, quizá hasta la década de los setenta del siglo XX, pero en nuestros días es correcto que sea adecuada la estructura jurídica y política de estos entes del pasado.

En la primera mitad del siglo XX poblano, varios “pueblos”, pugnaron por su transformación a Municipios, por ello mientras en la ley estatal de división territorial de principio de siglo las municipalidades –antecedente del municipio- no llegaban a 190, con la constitucionalización del Municipio primero mexicano,  después el poblano;  se inicio un proceso de adecuación legislativa e institucional para establecer el andamiaje que hiciera funcional la divisiones políticas territoriales de Distrito, Municipio, Municipalidad, Villa, Pueblo etc. en este ensayo se redujeron los municipios a no más de  veintidós, equivalentes a la división distrital, para luego  convertir a las municipalidades en municipios y llegar con el respectivo decreto conflictuado de 1962 a 217 en toda la entidad federativa poblana. En la mitad primera del siglo XX, el anhelo de convertirse los pueblos en Municipio, fue con el anhelo de resolver conflictos de liderazgos regionales intermunicipales y además buscar espacios de poder político de mayor estatus.

Después de la década de los años setenta, y particularmente a partir de que los municipios se convierten en centros de atención política y administrativa para convertirse en autenticas escuelas de la democracia al ras del suelo, y forjados para que realmente contara con haciendas fortalecidas, recursos económicos suficientes para que el Municipio hiciera realidad su autonomía administrativa y política así como que actuara como el primer eslabón de la descentralización industrial, social, cultural, económica y política del estado mexicano, es notorio un aceleramiento por convertir a varios asentamientos humanos en “pueblos”, en el ánimo de contar con sus respectivas Juntas Auxiliares, que poco a poco empezaron a presionar políticamente para exigir recursos, cobrar impuestos, administrar justicia de paz, contar con Agencia auxiliar del Ministerio Público y convertirse el presidente auxiliar municipal en juez del registro civil. Esto es, la lucha por el reconocimiento de la calidad de “pueblo”, en el estado de Puebla se convirtió en un excelente recurso político, económico y administrativo para los grupos de poder real para el ejercicio sui generis de tareas gubernamentales que dejan mucho que desear dentro de la exigencia de la vigencia de lo que debe ser un auténtico Estado de derecho.

Con la competencia política electoral la vigencia real de cuatro niveles de gobierno, no solo pone en el centro de la disputa a las autoridades municipales y en particular a los recursos económicos que anualmente se deben administrar, sino que alrededor de seiscientas juntas auxiliares se disputan la administración “formal” del registro civil de las personas,  del inicio de investigaciones sobre la comisión de delitos; de la administración de justicia, dentro de un sistema muy amplio, no vigilado, que se ha convertido en una gran red de huecos que ha puesto en riesgo la legalidad y también la legitimidad del poder, que también dichos huecos han abierto el camino para la ambientación y anidamiento de grupos criminales. Así, la reforma al ejercicio del gobierno municipal en los “pueblos”, debe mirarse como un ejercicio más del proceso de modernización del Estado de Derecho poblano.