La presencia del crimen organizado, el registro de 77 feminicidios ocurridos en 2017 y actos de tortura, fueron reconocidos por Víctor Carrancá Bourget, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al comparecer ante los integrantes de la LIX Legislatura, Carrancá Bourget aceptó el déficit material y humano que reportan las agencias del Ministerio Público, que son en Puebla 59 cuando la media nacional es de 125 oficinas.

En las cifras presentadas ante el Congreso, el Fiscal precisó que en Puebla se tiene 512 servidores adscritos a las agencias del Ministerio Público cuando la media nacional es de mil 247 funcionarios, lo que representa que en Puebla por cada 100 mil habitantes hay 4.3 agentes y a nivel nacional, 7.64.

“Pese al contexto operativo, la Fiscalía General del Estado de Puebla con evidentes déficits en cuanto a recursos económicos, materiales y humanos, la institución está muy lejos de sufrir una parálisis”, afirmó.

Tras un sexenio, Carrancá reconoce la presencia del narco

Sin mencionar al Cártel Jalisco Nueva Generación y la aparición de narco mantas, Carrancá Bourget admitió que en la entidad hay actividad del crimen organizado con miembros de Los Zetas y del grupo que surgió de la división de los Beltrán Leyva.    

Sin abundar en detalles, comentó que la presencia de los grupos delictivos se debe a la colindancia con otros estados, y que una consecuencia de que este tipo de criminales se queden en la entidad es la comisión de ejecuciones y secuestros.

“Negar que en Puebla han operado u operan este tipo de grupo sería simplemente tapar el sol con un dedo (…) cuando asumimos la Procuraduría en 2011 a los pocos días tuvimos un incidente con un grupo de Zetas en Ciudad Serdán y El Seco. Desafortunadamente dos agentes ministeriales fueron atacados con armas largas (…), se logró captura a uno de los responsables y uno de ellos era un líder importante de Los Zetas en Veracruz que, desde luego, aprovechan las fronteras territoriales para poder operar”, relató.

Al advertir “incongruencias” en los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Fiscal General del Estado  aseguró que en 2017 se registraron 77 feminicidios mientras que la base nacional reporta 112 casos.

Al ser cuestionado por la diputada Carolina Beauregard Martínez, el titular de la FGE aseveró que de los 77 asesinatos violentos de mujeres, en 54 de ellos se identificó a los responsables, los cuales tienen orden de aprehensión o están sometidos a un proceso.

Sin embargo -apuntó-, el primer reporte que el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer, no tiene lineamientos ni criterios precisos para hacer la diferencia entre los homicidios dolosos y feminicidios.

“Es muy difícil comparar datos a nivel nacional con estas incongruencias”, comentó  ante los legisladores.

Incluso, el fiscal aseguró que la información dada a conocer no coincide con los registros de asesinatos violentos de mujeres en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala, algunos de ellos, acotó, con la declaratoria de Alerta de Género.

El reporte del SNSP indica que en 2017 se registraron 112 homicidios intencionales de mujeres pero sólo 27 se investigan como feminicidios, en 24 de los cuales las víctimas eran mayores de 18 años y las tres restantes,  menores de edad.

En 2017 se abrieron 21 carpetas de investigación por tortura

Durante 2017, la Fiscalía Anticorrupción inició 21 carpetas de investigación por actos de tortura, reveló Carrancá Bourget.

Tras la conformación de la oficina a cargo de Enrique Flota Ocampo, el titular de la FGE detalló que se cuentan con 247 carpetas de investigación, de las cuales dos se judicializaron y dos casos ejecutaron cateos.

Sin dar a conocer los nombres de los funcionarios relaciones con actos ilegales, Carrancá Bourget mencionó que la Fiscalía Anticorrupción tiene bajo proceso de investigación a 129 servidores públicos por abusos de autoridad; 25 por delitos cometidos contra la administración de justicia; 10 por falsificación de documentos, 13 por peculado, 12 por robo y cuatro por amenazas.

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