Una orden de aprehensión por peculado y al menos dos delitos más fue liberada en contra de David Villa Issa, ex subsecretario de Finanzas y Administración (SFA) en la administración de Mario Marín Torres y quien fue uno de sus colaboradores más cercanos.

De acuerdo con las actas del Juzgado Tercero de lo Penal en Puebla, el pasado 19 de julio se giró la orden de aprehensión en contra del ex funcionario marinista dentro de la causa penal 474/2016.
En dicho expediente, se acusa a Villa Issa de peculado y de otros dos delitos del orden de la función pública, según lo señala la averiguación previa 249/2011/ANTIC/DGSP iniciada por el agente del ministerio público de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Interpone amparo pero no impide su detención
Ante esta situación, el pasado 15 de agosto el abogado Fernando Vega García interpuso el amparo 904/2017 ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla a favor de Villa Issa.
Sin embargo, dicho recurso se tramitó sin incidente de suspensión, lo cual no impide que en algún momento se cumpla la orden de aprehensión en su contra.
Previamente, en noviembre del año pasado, los abogados de Villa Issa interpusieron el recurso de amparo 1586/2016, el cual tenía como finalidad que le determinarán la prescripción del delito de incumplimiento de un deber y se determinará nuevamente el valor de las pruebas por ese caso, más no por la orden de aprehensión en la causa penal 474/2016.
Al ser subsanada la solicitud de Villa Issa en este último recurso interpuesto ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quedó como cumplida la solicitud que le dio origen.

A diferencia de Castillo Montemayor, Villa Issa sí manejaba el erario

Aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre el monto que presuntamente habría malversado, su situación es diferente a la de Francisco Castillo Montemayor, quien estuvo bajo proceso durante 10 meses, acusado de peculado por 39.2 millones de pesos, aunque finalmente fue liberado al no acreditarse el delito.

Según argumentó la defensa de Castillo Montemayor, su culpabilidad no era acreditable debido a que en su cargo no tenía relación directa con el manejo de recursos públicos.

Diferente a lo que ocurría con Villa Issa, quien desde su puesto sí tenía un vínculo directo con las finanzas del Estado, incluidas las partidas presupuestales para las distintas secretarías del gobierno estatal.

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