Patricia Leal Islas rechazó que los expedientes que se presentaron en contra de David Villa Issa y Ernesto Lichtle, funcionarios  de la administración de Mario Marín Torres, estuvieran mal elaborados  o que se presentarán fuera del tiempo establecido por la ley, situación que derivó en que los amparos presentados a nivel federal dejarán sin efecto las sanciones impuestas por la Contraloría.

De manera breve, la legisladora panista aseveró que los actos de los que se hizo responsables  a los excolaboradores del priísta se dieron tras la revisión del proceso de entrega-recepción  entre la administración marinista y la que en febrero de 2011 inició Rafael Moreno Valle.

Las sanciones impuestas a Villa Issa, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Lichtle, extitular de la Tesorería Estatal,  quedaron sin efecto luego de que los marinistas promovieron los amparos 2578/2015 y 2602/2015.

Con los amparos otorgados por la justicia federal, Villa Issa dejó sin efecto la inhabilitación para ocupar un puesto público por 12 años, la sanción por 37.3 millones de pesos por daño patrimonial, y la multa a de un año y medio del salario obtenido  como Subsecretario de Egresos.

En tanto, Lichtle se libró de la inhabilitación por 12 años y la restitución de 37.2 millones de pesos por daño patrimonial.

Sanciones se dieron conforme a los plazos de la ley

Leal Islas, quien al principio del sexenio fue la titular de la Contraloría del Estado, indicó que la ley es clara al señalar que si en el proceso de entrega-recepción se encuentran anomalías, el siguiente paso es iniciar con un proceso para determinar las responsabilidades,  y para llegar a esta punto se cuenta con un año.

“La propia ley señala que una vez concluido o entregado el proceso de entrega –recepción, tienes un año para hacer las denuncias correspondientes, la propia ley así lo señala (…) Lo que se hace es una revisión del proceso de entrega-recepción. Si de la propia revisión existen anomalías, entonces se procede a iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable. Si de los documentos se advierte una falta de tipo administrativa o penal, se procede en consecuencia”.