El Comité Ejecutivo Nacional del PAN nombró al exedil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, como delegado especial en el Estado de México, donde Josefina Vázquez Mota compite por la gubernatura.

Quien acusó que el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades que enfrenta ante el Congreso poblano tiene una “intención política”, es considerado por el CEN panista como “un exitoso alcalde de Puebla”.

Nombramiento de Rivera

En versiones periodísticas se advirtió que por su cercanía con Vázquez Mota, Eduardo Rivera sería nombrado el coordinador general de la campaña de la también excandidata presidencial.

El exedil finalmente fue nombrado delegado especial, cargo en el que además de tener cercanía con la candidata panista también la tendrá con el dirigente nacional de su partido, Ricardo Anaya Cortés, quien avaló el nombramiento.

“Derivado de una reunión entre la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, y el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se acordó designar a Eduardo Rivera Pérez como delegado del Comité Ejecutivo Nacional para esta elección”.

En un comunicado se informa que Rivera Pérez tiene una amplia experiencia en campañas políticas, además de desempeñarse como legislador y dirigente del blanquiazul en Puebla.

“Rivera Pérez fue un exitoso alcalde de Puebla, así como legislador y Presidente del PAN en aquella entidad”, establece el comunicado.

El CEN panista también nombró a Víctor Hugo Sondón Saavedra como coordinador general de la campaña a la gubernatura.

Sondón Saavedra actualmente es presidente del Comité Directivo del PAN en el Estado de México.

“De esta manera, se fortalece al equipo que logrará el gran cambio que reclama el Estado de México, después de casi 90 años de malos gobiernos priistas”, establece el comunicado.

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El proceso administrativo en su contra

Rivera Pérez participa en la campaña del Estado de México a la par de que enfrenta un proceso administrativo de determinación de responsabilidades por supuestas irregularidades en su cuenta pública 2013, mismo que ha calificado como una persecución política.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales aceptó el amparo 553/2017/IV, promovido por Rivera Pérez por el incumplimiento por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso Local, de resolver en un plazo de 30 días respecto a si solventó o no las observaciones que se hicieron a su cuenta pública 2013.

En entrevista, el propio Rivera Pérez subrayó que se incurrió en 24 violaciones a sus garantías individuales en el inicio del procedimiento administrativo, entre estas que ya feneció el plazo de un año después de concluida la cuenta pública para la revisión de la misma, por lo que en su momento hará valer estas anomalías en la justicia federal.

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