El amparo aceptado por un juez a Eduardo Rivera Pérez es por el incumplimiento de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso Local para contestar, en máximo 30 días, si el exalcalde solventó o no las observaciones que se hicieron a su cuenta pública 2013.

El exalcalde de Puebla subrayó en entrevista que existen 24 violaciones a sus garantías individuales en el inicio del procedimiento administrativo que le iniciaron los diputados, entre estas que ya concluyó el plazo de un año para revisar la cuenta pública después del año fiscal, por lo que en su momento hará valer estas anomalías ante la justicia federal.

Citan a audiencia al Congreso Local

El también exdiputado local manifestó que con la aceptación del juicio de amparo 553/2017/IV por parte del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales, el Congreso del Estado tendrá que asistir a una audiencia el próximo 25 de abril.

El fundamento de la defensa jurídica de Rivera Pérez es que el Congreso del Estado incumplió con el plazo de 30 días establecido en el artículo 68, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para resolver sobre la audiencia del 20 de enero en la que Rivera Pérez presentó pruebas para solventar las supuestas anomalías observadas en su cuenta pública 2013.

“Iniciaron el proceso en mi contra y no lo han resuelto. Respondí a la audiencia en la ASE en tiempo y forma. Cómo no lo hicieron acudí a la justicia federal y el juez ha admitido el amparo”.

Sostuvo que previamente el Congreso del Estado tendrá 15 días para responder por la vía legal ante el juez federal.

Rivera Pérez sostuvo que no se quedará callado ante las “injusticias” que se cometen en este procedimiento.

“Usan los tiempos a su conveniencia. Violan la ley y mis derechos cuando se supone que deben ejercer puntual los tiempos de la ley. El procedimiento en mi contra tiene un sentido político. Se trata de actos de persecución hacia mi persona y mis colaboradores”.

Advirtió que irá hasta las últimas consecuencias en caso de que sigan las violaciones a sus garantías, por una eventual inhabilitación del Congreso.

Identifica Rivera 24 violaciones a sus derechos humanos

Rivera Pérez manifestó que su equipo legal identificó 24 violaciones a sus garantías individuales, entre la que destaca que feneció el plazo de un año para que fuera revisada su cuenta pública, que corresponde a 2013.

“Ya pasaron 4 años y se vuelven a brincar el plazo establecido por la ley. Se trata de una jugarreta política para afectar mis derechos. Quiero seguir opinando, discutiendo, no me van a amedrentar este tipo de situaciones”.

Agregó además que no se le puede solicitar información de manera directa a su persona, sino al Ayuntamiento en funciones.

“La fiscalización no se hace a la persona sino a la entidad en abstracto, se hace a la entidad. Es al ayuntamiento al que se le tienen que solicitar los documentos”.

Refirió que otras violaciones fueron el inicio del proceso administrativo en su contra sin contar con el dictamen correspondiente.

“Me auditan recursos federales que ya fueron aprobados. Todas las observaciones solo son de la entrega de documentos respecto a las mismas obras. En ninguna de estas observaciones se señalan deficiencias, ni empresas fantasma. Tampoco hay bonos como algunos medios filtraron”.

Si me inhabilitan me defenderé hasta las últimas consecuencias

Manifestó que el Congreso del estado tiene el derecho de tomar la decisión que considere pertinente, respecto a la posibilidad de que sea destituido.

Sin embargo aclaró que irá hasta las últimas consecuencias en la justicia federal para hacer valer sus garantías individuales.

“Es injusto ilegal y arbitrario. Tengo la certeza de que no hay materia para que exista algún tipo de sanción por parte de la Auditoría y por parte del Congreso”.

Comisión Inspectora sesionará para evaluar amparo

El amparo promovido por Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, obligará a la Comisión  Inspectora a abrir una sesión de trabajo para definir la ruta con la que actuará frente a la defensa del panista.

Germán Jiménez García, presidente de la Comisión Inspectora, confirmó que el Congreso del Estado ya fue notificado del recurso jurídico que Rivera Pérez presentó ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil.

En entrevista, el legislador refirió que la Comisión Inspectora esperará a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) comunique a los legisladores la acción que se emprenderá para atender la demanda del exmunícipe capitalino.

“Llegó el oficio va a ser revisado por la Auditoría, y lo que dictamine la Auditoría es lo que tendríamos que exponer dentro de laComisión (inspectora), tendríamos que abrir una sesión de la Comisión Inspectora no nada más para ese asunto y ver qué dictamina la Auditoría y sacarlo adelante”.

Asimismo, dijo que  Rivera Pérez recurre a lo jurídico dejando en un segundo plano la solventación de las observaciones hechas a su cuenta pública 2013, a la cual se le hicieron observaciones por 411 millones de pesos.

No descartan sesión extraordinaria

Con la realización de una sesión extraordinaria, el Congreso del Estado podría resolver la conclusión del inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de Rivera Pérez.

Rosalío Zanatta Vidaurrí, integrante de la Comisión Inspectora, adelantó que se tiene previsto que la próxima semana se lleve a cabo  una sesión extraordinaria para atender algunos temas, entre ellos la aprobación de cuentas públicas de exalcaldes y la resolución de algunos procedimientos, entre los que podría estar el de Rivera Pérez.

Al cierre del tercer periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado avaló iniciar un procedimiento en contra del panista, quien estuvo al frente del ayuntamiento de Puebla de 2011 a 2014.