Un aumento en los casos de feminicidios pese al ocultamiento de información; intimidación contra periodistas y activistas; opacidad en la aplicación de recursos para obras públicas y en los convenios de publicidad con medios de comunicación y falta de transparencia, son el saldo de la administración que encabeza el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.

En el punto anterior coincidieron las académicas de la Universidad Iberoamericana Puebla, María de Lourdes Pérez Oseguera, representante del Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG); y Lilia María Vélez Iglesias, directora del Departamento de Humanidades, así como los activistas, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, Eduardo Morales Sierra,

Ana Rosa Zilli Colorado, participantes en la jornada de Informes Ciudadanos.

Pérez Oseguera explicó que de 2013 a la fecha, se contabilizaron más de 250 feminicidios y aunque se buscó información con las autoridades sobre cada una de las agresiones, el gobierno del estado evita dar detalles.

Señaló que falta un mayor trabajo por parte de las autoridades para contrarrestar los casos de violencia contra mujeres y, al mismo tiempo, sensibilizar a policías, agentes del ministerio público y jueces para evitar al revictimización.

“Tenemos un aumento de casos de feminicidios. Nosotros hemos buscado a la Fiscalía General del Estado pero no nos entregan información sobre los casos que se están presentando. Vemos una opacidad en el manejo de información”, comentó.

Por su parte, Vélez Iglesias expresó que en campaña, Moreno Valle ofreció entregar la entonces Comisión de Acceso a Información Pública (CAIP) y la desapareció para crear un instituto que controla.  

“Nos ofreció trasparentar los procesos de adquisición y de obra pública. Dijo que serían transparentes los procesos de obra pública y que entregaría la CAIP a los ciudadanos. En la realidad, en estos seis años, en términos legislativos tuvimos una nueva Ley de Transparencia que fue empujada por la ciudadanía”, comentó.

Señaló que, actualmente, el gobierno del estado busca garantizar la opacidad antes que la transparencia y quedan dudas sobre la asignación de recursos para obras públicas y sobre el esquema de  aplicación de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

“Tenemos convenios de publicidad con los medios, que no se conocen; proyectos PPS, obras, deuda pública y temas vinculados con fideicomisos, que son opacos”, comentó.

Control del órgano garante no tuvo precedentes

Lilia Vélez Iglesias, directora del Departamento de Ciencias Sociales e integrante del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), consideró que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, antes Comisión, ha sido en este sexenio, un órgano garante de opacidad y no de transparencia.

La experta en temas acceso a la información pública y rendición de cuentas denunció que el ejercicio de la transparencia en la administración de Rafael Moreno Valle fue  la mayor deuda democrática y aseguró que en la historia de los órganos garantes nunca se había documentado una actuación tan favorable a la del gobierno estatal como hasta ahora.

Señaló que el número de amparos de ciudadanos que se han inconformado por las resoluciones de ITAIP no sólo es histórico sino inédito en el país, pues el órgano que debiera garantizar el acceso a la información pública emprende litigios contra ciudadanos que sólo desean conocer datos de su gobierno, hecho que no tiene precedentes.

“El control por el órgano garante no es una novedad, lo que sorprende es la forma en cómo se hizo en este sexenio. Los niveles de incidencia que se tienen registrados sobre el órgano garante no tienen precedente”, señaló.

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