Alguien debería advertirle al gobierno estatal que debe intentar cuando menos, poner un poco de orden en lo que se refiere su desempeño ambiental. Los impactos ambientales desfavorables generados por la obra pública estatal y municipal están agravando sin el menor recato las condiciones de contaminación y  asedio sobre los recursos naturales poblanos, con efectos de corto plazo y de mucha mayor proyección en el tiempo.

Es evidente que la instancia estatal encargada de vigilar la observancia de la normatividad ambiental en todo el estado de Puebla, no tiene capacidad técnica ni operativa para cumplir con las funciones que las leyes le confieren y mucho menos para hacer que la obra pública cumpla la normatividad que le sería exigible.

Desafortunadamente para la sociedad, la instancia del gobierno estatal encargada de este tema, simula estar trabajando haciendo caer toda el peso de la discrecionalidad de sus decisiones en los pobres mortales mini-infractores que caen en sus dominios, (basta revisar los casos que actualmente ventila su área jurídica), mientras soslaya de forma inmoral las monumentales acciones que realmente ponen en riesgo el equilibrio de los sistemas socio ambientales por todo el estado. Particularmente las grandes obras públicas.

La semana que recién concluyó nos permitió conocer la inquietud social de habitantes de la zona en que se viene construyendo la planta automotriz Audi, debido a las agresivas extracciones de suelo que viene sufriendo el territorio de Ixtiyucan,  en Nopalucan, municipio contiguo a San José Chiapa. Son cientos de miles de metros cúbicos de suelo extraído creando asombrosos socavones. Las fotografías dadas a conocer son impresionantes, tanto como el daño ambiental inherente. Lo más serio de este asunto es que la autoridad ambiental estatal y la instancia encargada de obras públicas del gobierno del estado no alcanzan a comprender la gravedad de los servicios ambientales afectados, mismos que se encuentran tutelados en la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El caso de los impactos ambientales asociados a la construcción y operación de la planta automotriz en San José Chiapa, permanece oculto a la sociedad y créame usted, respetable lector, que no son menores ni desaparecerán con el tiempo; irán en sentido de crecimiento y dificultad de solución. Merecen una revisión social y análisis con la participación de especialistas, asunto que la autoridad elude con insistencia. Las externalidades involucradas son, reitero, preocupantes y algunas han sido mencionadas en este espacio desde el mes de octubre del año pasado.

Pero no sólo es el caso de San José Chiapa en que podemos identificar las omisiones funcionales del desempeño ambiental estatal. Ninguna obra pública de este periodo de gobierno podría acreditar hoy documentalmente, sin temor a equivocarme, que ha cumplido con la normatividad ambiental exigible y por supuesto la autoridad ambiental estatal menos que nadie.

Otro ejemplo es la socialmente comentadísima rueda de la fortuna, o de observación, o estrella de Puebla, o como resulte ser nombrada, que se ha instalado en el camellón de una vialidad entre el Parque Milenium y la Plaza Angelópolis. Aquí no hubo autorización de impacto ambiental a pesar de que la obra y su operación los causan de manera evidente.

Las presiones a la calidad de vida de los habitantes del entorno directo y a los  servicios ambientales de las zonas verdes son considerables y dado que no hubo autorización de impacto ambiental, pues tampoco la autoridad estatal asume ninguna responsabilidad. Vea usted: Más de una veintena de frondosos y sanos árboles fueron talados por la noche para ocultar la acción; las áreas de rodamiento de la vialidad fueron reducidas sin alternativas de compensación para la demanda del servicio, por lo que se generarán áreas de congestionamiento vehicular recurrente; el diámetro de la rueda supera el ancho del camellón y su movimiento ocurre por encima de ambos sentidos de la vialidad, creando una condición de riesgo innecesaria; no existe espacio para ascenso, descenso y permanencia temporal de autobuses turísticos; la alternativa de estacionamiento prácticamente no se resolverá con las instalaciones del CIS; no se han dado a conocer las previsiones técnicas, operativas y de seguridad para casos de tormenta eléctrica y de vientos de velocidad atípica o turbulencias; tampoco se conoce que exista una autorización de protección civil.

Las observaciones pueden ser más numerosas en este caso y en el resto de los que conforman la obra pública en el estado de Puebla.  Con todo respeto para quienes me distinguen con su lectura, no puedo dejar de hacerme las siguientes preguntas:

¿Por qué la obra pública de esta administración no es sujeto de aplicación de las disposiciones ambientales?

¿Por qué la autoridad ambiental se ensaña discrecionalmente con pequeños infractores administrativos, -como lo son las casas habitación y los vehículos de ciertos particulares-, al tiempo que ignora a los grandes precursores de desequilibrios socio-ambientales tan caros de corregir?

¿Algún diputado local o federal poblano tendrá el suficiente valor para defender a los recursos naturales poblanos, su medio ambiente y su desarrollo sustentable?

¿Es acaso que la sociedad sólo puede hacerse escuchar por métodos al margen de la institucionalidad?

¿Qué pueden esperar los cientos de estudiantes en ciencias ambientales que egresan de los instituciones de educación superior poblana, ante un escenario tan decepcionante en materia de desempeño ambiental?