Las reiteradas propuestas electorales de acabar con todo tipo de problemas municipales a base de construcciones de concreto, a este columnista le parecen desilusionantes y precursoras de preocupación por cuanto los problemas no serán solucionados de fondo y continuarán lacerando a los poblanos. Ya me imagino por ejemplo, que los índices delictivos de la capital se vendrán abajo con la construcción de más casetas de vigilancia.
Sobre este particular, opino que deberían antes de pensar en volver a tirar dinero en la construcción más casetas, que éstas por sí solas no atenúan la comisión de delitos intencionales. Un delito intencional en la mayor parte de las veces se comete cuando se conjugan: a) El deseo de cometerlo y b) La creencia de que puede cometerse sin ser sorprendido. La primera condición no puede ser controlada hasta ahora, pero la creencia de no ser sorprendido se resuelve con acciones de presencia policial que disuaden a la intención. La caseta de “vigilancia” por sí misma no vigila ni disuade; sólo distrae personal de servicio que podría hacer presencia real en una superficie mayor que la muy limitada que tiene frente a su ventana. Se convierten, pues las casteas en sitios de reporte de delitos y faltas cometidas, no evitadas. El tema de la eficiencia en los servicios de la seguridad pública metropolitana no puede estar en las burdas propuestas de cualquiera de los tres candidatos a alcalde de Puebla. Está en el análisis de un problema social que merece ser abordado con el profesionalismo, la seriedad y la profundidad que requiere. Cuando lo descubran, emergerá simultáneamente la importancia de las relaciones entre la sustentabilidad urbana y la calidad de vida.
Pero regresando a la gestión ambiental municipal poblana, es de destacarse que hasta esta fecha ninguno de los candidatos a la presidencia municipal poblana se ha detenido a hacer un comentario sobre su visión de la problemática ambiental capitalina. Es una lástima porque esta omisión es una implícita demostración de su corta y plana perspectiva sobre la administración pública municipal, el origen de sus problemas, sus soluciones y sus costos.
En artículos anteriores se han mencionado en este espacio de opinión los temas de agua y suelo. Hoy toca el turno a la calidad del aire en la zona metropolitana de la capital del estado, que puede comentarse desde dos plataformas de observación: La calidad del aire por sí misma y la estructura administrativa para su gestión.
La caracterización de la calidad del aire en la capital del estado está basada en un tímido proceso de monitoreo en apenas cuatro estaciones de medición, que independiente de que funcionen y además lo hagan correctamente, no abarcan más allá del 35% de la superficie urbana con potencial de emitir contaminantes a la atmósfera. Los contaminantes atmosféricos susceptibles de seguimiento no representan a la mayoría de los que se emiten y consecuentemente no se conoce el potencial de efectos acumulativos y sinérgicos que estas mezclas atmosféricas pudieran configurarse en riesgo de daño a la salud de los poblanos.
A pesar de los buenos deseos que periódicamente declara la autoridad en este sentido, no se tiene el inventario de fuentes fijas emisoras de contaminantes a la atmósfera y por lo tanto tampoco puede esperarse la generación de políticas públicas para controlar las tendencias. Bueno, aunque se tuviera terminado el inventario tampoco habría política pública. Tenemos como ejemplo a los programas de verificación vehicular.
Oficialmente los reportes de la autoridad ambiental le atribuyen la baja calidad del aire poblano a las emisiones de los motores de combustión interna de los vehículos, pero no generan una sola política pública para corregirlo. La más enérgica medida de control oficial exige a cada vehículo comprobar tan sólo en dos fugaces momentos al año (lo que tarda el proceso de verificación), que contamina dentro de los límites permitidos. Pero el resto del año cada vehículo se la puede pasar contaminando por encima de lo permitido sin ser molestado porque ya porta el holograma de requisito cumplido.
Adicionalmente la presencia y actividad volcánica en el Valle de Puebla hace vulnerable a nuestro municipio por el aumento de contaminantes en el aire que se respira; no son únicamente las partículas sólidas, sino también los elementos tóxicos que estas transportan. No existe información sobre los efectos diferenciados en la salud de las personas por la inhalación prolongada durante eventos de caída de ceniza, ni los planes de emergencia para atenuar los efectos de una contingencia ambiental atmosférica en el municipio.
No existe una clara definición de competencias entre el estado y el municipio respecto del desempeño ambiental municipal. Pronto la federación presionará a cada entidad federativa para asumir seriamente sus responsabilidades de gestión en materia de cambio climático, aspecto hasta hoy omiso en Puebla y por ello, en los municipios de su territorio; sobre todo aquellos que han sido identificados ya como más vulnerable a sus efectos.
Las deficiencias y omisiones de gestión ambiental estatal se trasladan al municipio sin que este tenga alternativas de decisión. Parte de la solución está en asumir a través de convenios de colaboración con el estado, algunas atribuciones que merecen ser controladas por el municipio, como es el caso de la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades a realizarse dentro del territorio municipal. Actualmente la obra pública es omisa en el cumplimiento de la normatividad ambiental y esta omisión provoca agravamiento de los problemas de contaminación, además de sus costos sociales y financieros de solución, que sólo son atendidos al momento de alcanzar condiciones de crisis.
