Desde el año 1995, el Archivo General de la Nación impulsa el 27 de marzo como el Día Nacional del Archivista, una jornada para reconocer la labor de las personas cuyo ejercicio profesional nos permite contar con registros confiables y ordenados de la documentación tanto en instancias públicas, como privadas.

Los archivos son fieles testimonios de las actividades administrativas, culturales e intelectuales, un reflejo de la evolución de las sociedades. Así se definieron en la Declaración Universal de los Archivos emitida por la Unesco en 2011; su adecuada gestión favorece la comprensión del pasado, la correcta documentación del presente y contribuye a preparar mejores escenarios para el futuro.

Por ello, la función de los archivistas en su gestión y conservación es fundamental para dar testimonio de las actividades de las instituciones públicas, lo que promueve la construcción de gobiernos más ordenados y transparentes al ser insumos primarios de todo proceso administrativo. Así, desde un enfoque de derechos, su correcta administración es condición para el acceso ciudadano a información pública, el ejercicio del derecho a la protección de datos personales y la garantía de otros derechos humanos.

Como se establece en el principio 10 de los Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos (ICA-2016), los archiveros y los gestores de archivos deben defender y sustentar el derecho de acceso a los documentos de los organismos públicos y animar a las organizaciones no gubernamentales para que ofrezcan un acceso similar a sus archivos.

El funcionamiento adecuado de los sistemas de archivos descansa en el conocimiento, en la comprensión y en la capacidad de uso de las herramientas por parte de todos los servidores públicos implicados en sus procesos y actividades. En ese sentido, la Ley General de Archivos reconoce la importancia de la función de las personas archivistas, impulsando y garantizando, desde las instituciones, la obligación de capacitar y profesionalizar a sus responsables de archivos.

Por otro lado, la información pública concentrada en documentos organizados es evidencia de una eficiente gestión administrativa y, por ende, representa un elemento probatorio ineludible para una real y efectiva rendición de cuentas. En ese marco podemos señalar que los archivos han acompañado la historia sociopolítica de México y son guardianes de nuestro presente a favor de la garantía y reconocimiento de derechos.

Sin duda, el cumplimiento efectivo de las funciones de las personas archivistas es un pilar para el ejercicio de los derechos tutelados por el INAI, pues son los archivos el principio de la cadena hacia la transparencia, y una herramienta esencial para el ejercicio social del derecho a saber y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos personales. Su correcta documentación y un sistema archivístico que funciona adecuadamente posibilitan la construcción de un sistema futuro de información, la protección de la memoria colectiva y la documentación de nuestro presente.

En este contexto, quiero reconocer el trabajo, compromiso y vocación de las y los servidores públicos encargados de conformar los sistemas archivísticos. Juntas y juntos conservan nuestro pasado y preservan el legado futuro de las nuevas generaciones. Gracias a su labor nuestra historia vive, nuestra identidad nacional prevalece y nuestra memoria institucional tiene sustento.

@bl_ibarra