Después de observar detenidamente como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha combatido la corrupción durante los dos primeros años de su gobierno, se llega a la conclusión que las corruptelas que se le señalaron al entonces presidente de la república Enrique Peña Nieto (la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y los presuntos sobornos que se dice recibió de la empresa brasileña Odebrecht) son cosas minúsculas comparadas con las corruptelas que está cometiendo, a plena luz del día, la administración gubernamental que encabeza el personaje que se asume como el zar anticorrupción tabasqueño.

Sexenios van y sexenios vienen y el problema de la corrupción prevalece intocada. Es un fenómeno social que en términos generales proviene, en innumerables casos, del seno familiar y de ahí en adelante, crece y se desarrolla en la escuela, en el comercio, en la iglesia, en la industria, en los centros de trabajo y se asienta y manifiesta exponencialmente en instituciones de los niveles de gobierno delegacional, municipal, estatal y federal. Muchas veces aun en contra de la voluntad del individuo.

Criticar la corrupción gubernamental y comprometerse a erradicarla fue la llave que le permitió a López Obrador entrar sin dificultad al Palacio Nacional. Sin embargo, está bastante lejos de cumplir su promesa, porque es factible que en el sitio donde convivan dos personas se produzca el fenómeno de la corrupción. El caso de su hermano Pío López y David León es el mejor y más reciente claro ejemplo de esta afirmación.

Aunque al tomar posesión de la presidencia se comprometió a “castigar a compañeros de lucha, funcionarios gubernamentales, amigos y hasta familiares” que incurran en actos de corrupción, es muy difícil ─diría, imposible─ encontrar una dependencia de la Administración Pública Federal lópezobradorista donde no se hayan cometido y estén cometiendo actos de corrupción prácticamente desde los primeros días en que el gobierno del presidente de la república Andrés López Obrador inició sus funciones.

Una de la principales herramientas que tuvieron los gobiernos anteriores y que tiene el actual, es el de las adjudicaciones directas ─y por ende, se realizan sin necesidad de recurrir al procedimiento de licitación pública que mandata la ley─ de contratos de compras, adquisiciones y de obra pública.

Desde hace dos años es la herramienta más visible e incontrovertible que ha utilizado y está utilizando el gobierno de López Obrador para incentivar la corrupción que durante su campaña electoral se comprometió a erradicar “eficazmente”. Cosa que hasta ahora no ha hecho.

En enero de 2019, el gobierno de López Obrador compró en Estados Unidos, mediante adjudicación directa, 671 pipas, con valor global de 92 millones de dólares. Dos mil 39 millones 640 mil pesos al tipo de cambio de $ 22.17 por dólar de ese momento.

Desde tiempo inmemorial se acostumbra que el prestador de servicios gratifique a quien efectúe la adquisición de la mercancía (en este caso la compra de las 671 pipas) con el 10% (conocido coloquialmente como “diezmo”) sobre el valor de la operación comercial.

Estas pipas fueron adquiridas para distribuir la gasolina que casi durante un mes escaseó en todo el país debido a que AMLO, equivocadamente, ordenó el cierre de los ductos conductores de gasolina con la peregrina idea de evitar que la robaran los huachicoleros.

Otro ejemplo muy ilustrativo de cómo el gobierno de la 4T hace negocios ilícitos mediante la adjudicación directa de contratos de obra pública, lo protagonizó una colaboradora de toda la confianza del presidente López Obrador. La secretaría de Energía y encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Rocío Nahle.

La señora Nahle, personaje estentóreo del lópezobradorismo otorgó, a un compadre suyo, de nombre Arturo Quintanilla Hayek, propietario de la empresa constructora Grupo Huerta Madre (creada antes que AMLO cumpliera seis meses en la presidencia de la república), un contrato de obra pública de adjudicación sin licitación por cinco mil millones de pesos para una de las tres obras icónicas del sexenio lópezobradorista por cinco mil millones de pesos.

Aquí el “diezmo” puede ser, conservadoramente, de 500 millones de pesos.

La mitad de los contratos de obra pública del Tren Maya, segundo proyecto del simbolismo morenaco, se han adjudicado hasta ahora, eludiendo los procesos de licitación que mandata la ley.

La pandemia del Covid-19, como dijo López Obrador le “vino como anillo al dedo” para efectuar compras selectivas y directas de medicamentos por miles y miles de millones de pesos, también sin cumplir el ordenamiento jurídico de licitar públicamente esas adquisiciones.

El 27 de marzo de 2020, AMLO emitió un decreto presidencial en el que se establece la libertad de “Adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material  quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como  todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o concepto necesarios para afrontarla”.  

Decreto presidencial que permitirá a personajes del gobierno federal hacer multimillonarios negocios “hasta en tanto se declare terminada la contingencia que lo originó”.

Los diputados del rebaño de Morena y de sus minipartidos corifeos (PT y PVEM) atendiendo la petición de su pastor Andrés Manuel López Obrador modificaron, el  20 de julio de 2020, la Ley de Adquisiciones para dejar en absoluta libertad al gobierno de la 4T para efectuar directamente las compras en México y el extranjero de las medicinas e insumos médicos que se le ocurran sin necesidad de sujetarse al procedimiento de licitación  que marcaba esa ley para reducir a su menor expresión la posibilidad de cometer corruptelas.

A juicio de estos sumisos legisladores que elaboran y aprueban leyes a la medida y gusto de su pastor, con esta modificación a la Ley de Adquisiciones, dicen que “rompieron” el monopolio de medicamentos en México. Pero convenencieramente omitieron señalar cuándo se les ocurrirá romper el nefasto monopolio de la ineficiente y quebrada empresa petrolera mexicana.

Diputados del PRD denunciaron en la Fiscalía General de la República a Felipa Guadalupe Obrador Olán ─prima de AMLO─ por tráfico de influencias cometido para obtener cuatro contratos de obra pública por 312 millones de pesos en Pemex.

El agrónomo y compadre de AMLO, Octavio Romero Oropeza, también contribuye con su granito de arena a empeorar la ruina económica de Pemex, incrustando en la nómina de esa quebrada empresa a un ejército compuesto por 13 parientes suyos con sueldos que van de 139 mil 176 pesos mensuales hacia abajo y revelan la magnitud de los actos de corrupción y nepotismo del gobierno que encabeza quien falsamente se comprometió a erradicar los vicios del “conservadurismo neoliberal”.

Se trata de Julio Manuel Oropeza Andrade; Carlos Augusto Oropeza Núñez; Laura de los Ángeles Correa Romero; Daniel Abel y Pamela Oropeza Falcón; Ana Luz Flota Oropeza; Patricia y Luis Oropeza Zurita; María de Lourdes Oropeza Roa; Rigoberto Martín Córdova Oropeza; Alejandra Oropeza Méndez; María del Rocío Soto Oropeza y Víctor Alberto Arizpe Oropeza.

Otro caso de corrupción familiar con cargo a la industria que nacionalizó hace 82 años el presidente Cárdenas (sin sospechar lo que AMLO y sus secuaces harían con ella 80 años después), es el de Carmelina Esquer Camacho, presidenta de la empresa filial de Pemex Procurement International, que es la persona precisamente encargada de efectuar la compra de los insumos en el extranjero, de la empresa petrolera que está haciendo añicos el experto en agronomía ─no en petróleo─ Octavio Romero Oropeza. Esta señora es hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Más claro el tráfico de influencias y de corrupción?

Doña Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador ─nombre que utiliza oficialmente esta señora para firmar documentos semioficiales y oficiosos─ también tiene lo suyo en materia de corrupción y del tráfico de influencias que como cónyuge presidencial, hace al amparo del régimen que encabeza su marido.

Gutiérrez de López obtuvo sospechosamente el puesto de investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sin desempeñar físicamente ninguna función académica en esa institución educativa, porque es del conocimiento público que la cónyuge del presidente de la república está impedida de viajar diariamente a la ciudad de Puebla ─sitio donde tendría que realizar diariamente la función de investigadora─ porque reside de tiempo completo en el Palacio Nacional y éste se encuentra ubicado a 140 kilómetros de distancia de la universidad poblana. No obstante este kilométrico impedimento, la investigadora Gutiérrez Múller (autora de la científica frase Leer no da coronavirus) cobra con puntualidad inglesa una beca, vía depósito bancario, de alrededor de 15 mil  pesos mensuales.

El señor Pío López Obrador, que en su momento fue para su hermano Andrés Manuel, exactamente lo que fue Emilio Lozoya para Enrique Peña Nieto, aunque en menor escala, por recibir una fuerte cantidad de dinero (semiclandestinamente), de manos de un enviado del gobierno de Chiapas, para ayudar al financiamiento de la campaña presidencial de AMLO sin que se haya notificado al INE el monto de la cooperación recibida para tan noble causa. Mientras sobre Lozoya pesa un juicio penal promovido por la FGR que lo mantiene preso en su domicilio, el ciudadano Pío goza, en plena y absoluta libertad, el privilegio de ser consanguíneo del presidente de la república.

Hace un mes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en la CFE que dirige Manuel Bartlett Díaz adjudicó, en forma irregular, 45 contratos plurianuales por 871 millones 432 mil pesos, sin tomar en consideración otras empresas que ofrecieron precios inferiores y más atractivos para la empresa eléctrica.

A propósito de este corrupto personaje, o mejor dicho, a propósito de una de las viejas corruptelas del exsecretario federal de Gobernación y exgobernador de Puebla, resulta inexplicable que el presidente López, que se asume como el más acérrimo enemigo de la corrupción en México, haya designado como director de la CFE a Manuel Bartlett Díaz después de acusarlo, hace 25 años, de corrupto.

En el historial personal, de quien ahora pretende hacer creer a quienes no conocen su pasado que es intransigente enemigo de ese nocivo fenómeno social que corroe las entrañas de México, sobresalen tres casos distintivos de corrupción cometidos por Andrés Manuel López Obrador que al parecer el  paso  de los años ha medio borrado de la olvidadiza memoria popular.

Primer caso. Transcurrían los primeros días del año 1993, cuando por encargo del entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, por conducto de quien era su secretario de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón (actual encargado de la secretaría de relaciones Exteriores del gobierno lópezobradorista), entregó a Andrés Manuel López Obrador la cantidad de 5 mil millones de viejos pesos (5 millones de los actuales) que éste pactó con el gobierno salinista a cambio que el ahora presidente de la república retirara de la explanada del zócalo capitalino al grupo de campesinos que acarreó de Tabasco para que se plantaran frente al Palacio Nacional como protesta de los daños que supuestamente causó a sus cultivos Pemex con un derrame de petróleo.

Segundo caso. En marzo del año 2000, después de fracasar el presidente Ernesto Zedillo en su propósito que Roberto Madrazo solicitara licencia para dejar la gubernatura de Tabasco (que AMLO aseguró que le fue “robada”) a cambio de ser designado secretario de Educación Pública del gobierno federal, se aceptó que López Obrador a cambio se postulara como candidato del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal aun sin cumplir el requisito jurídico de residir, cuando menos, 5 años en la Ciudad de México. El incumplimiento de ese precepto legal se “resolvió” favorablemente a Obrador cuando éste presentó a la autoridad electoral del D. F. una constancia de domicilio falsa.

Tercer acto de corrupción. Montado ya en la principal silla del gobierno capitalino, el entonces perredista y ahora morenaco, René Bejarano Martínez, a la sazón secretario particular del “incorruptible” y respetable señor don Andrés Manuel López Obrador, recibió de manos del empresario argentino Carlos Ahumada la cantidad de 45  mil dólares a cambio que éste le asignara un contrato de obra pública.

¡Dios libre a nuestro afligido país y a quienes lo habitamos de estos personajes incorruptibles!