Dos años y la deuda continúa

  • Oscar Barrera Sánchez

Este 1º de julio se conmemoró la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, después de dos intentos fallidos. El primero en 2006, cuando se presentó un gran fraude electoral que llevó a Felipe Calderón Hinojosa, “El Espurio”, Candidato del Partido Acción Nacional (PAN), nuevamente al gobierno del país, generando una crisis social, política y de seguridad brutal, tras su Guerra contra el Narcotráfico, que no sirvió más que de acomodo a los grupos delictivos en el país. La segunda derrota de López Obrador, tras la compra de votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en favor de su candidato, Enrique Peña Nieto, cuyo mandato se destacó por sus limitaciones como persona, pero por un alto grado de represión contra movimientos sociales, periodistas, así como feminicidios y corrupción. El 1º de julio de 2018, contra toda expectativa, la mayoría de la ciudadanía salió a las urnas para buscar una nueva opción de gobierno y eligieron a actual Jefe del Ejecutivo, López Obrador, pero, ¿realmente ha habido los cambios que se esperaban?

Al parecer han sido mínimos los cambios positivos que se han tenido con este gobierno de “izquierda institucional”. El Andrés Manuel López Obrador de 2006, tan solo en su discurso, no es nada de la versión light de 2020. Banderas blancas, Amor y paz y Me canso ganso, no son más que eslóganes populacheros ante falta de estrategias y políticas de Estado efectivas para problemas sociales que han rebasado a este gobierno por la falta de decisiones políticas efectivas en favor del pueblo de México. No se pueden negar las legislaciones en materia de apoyos a quienes más lo necesitan, pero también cabe mencionar que esos apoyos no serían necesarios si realmente se modificaran las condiciones de vida, empleo, salario y distribución de la riqueza entre los pobres, quienes más lo necesitan.

La fórmula ética que guía a una verdadera democracia y a la justicia es quitarle a los que más tienen para darle a quienes padecen a una clase social burguesa, empresarial y política, que acumula las riquezas en unas cuantas manos mientras que el gobierno no hace nada para evitarlo. No sólo es importante el cobro de impuestos a grandes empresas o corporaciones internacionales, sino expropiar parte de sus riquezas y patrimonio que se han ganado a expensas de los trabajadores. De las ridículas manifestaciones públicas de la clase media reaccionaria, ignorante e hipócrita sólo basta reírse con tan triste espectáculo de catetos, mentecatos, subnormales petulantes asalariados enajenados.

Asimismo, de este gobierno se sigue esperando que no siga usufructuando con los dolores nacionales como lo hace con la publicación de más de 40 órdenes contra servidores públicos de la administración anterior ante la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, un día antes de cumplir dos años de su elección. Hay que hacer entender a este gobierno que la justicia no es propaganda.

De igual forma acontece con la indolencia del presidente de la República ante los feminicidios y la violencia contra las mujeres, quien la ha minimizado, primero pretendiendo hacer creer que eran temas que buscaban estorbar a la por la farsa de la venta (por cierto, ilegal) del avión presidencial. Después, contradiciendo a sus propias instituciones con los datos de violencia de género en el confinamiento, diciendo que los llamados de auxilio y denuncias son falsas, y que en los hogares se vive en paz. Qué tontería. Su respuesta una grotesca propaganda, al estilo priista ochentero de contar hasta 10 y sacar una bandera blanca.

Asimismo, los atentados contra la libertad de expresión continúan igual que en épocas del viejo y el nuevo PRI y de los mochos del PAN. Berrinches y caprichos de un enajenado presidente con el poder y de su “pareja presidencial” han dejado un muy mal sabor de boca a periodistas, comunicadores y la opinión pública. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Mueller, hace callar a un ciudadano, Chumel Torres y comunicador por poner un sobrenombre (Chocoflan) a su hijo (pero, quién sancionó a López Obrador con el Ricky Riquín Canallín, por ejemplo), destituyen a una servidora pública y poniendo en riesgo a una institución que lucha contra la discriminación como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); después, la Señora Presidenta contesta a un ciudadano “Yo no soy médico…” ante una demanda justa, evidenciando que como lo hicieron Vicente Fox y Marta Sahagún, tenemos otra versión neofifí de pareja presidencial. Pero ella no es la única, se ha emprendido una campaña de desprestigio y acoso contra periodistas como Carmen Aristegui y medios como Proceso.

La crisis de derechos humanos y libertades fundamentales, así como de corrupción (tal como el caso de la secretaria de la Función Pública y su pareja) va en aumento y, si este gobierno pretende apelar a la democracia debe implementar acciones en favor de la calidad de vida de las personas, la garantía de sus derechos fundamentales, así como del bien común, y no sólo la mejora de las condiciones de vida de los mismos compinches priistas, panistas y perredistas históricos. De igual manera, parece que el presidente de México asumió encarnar el muro exigido por Donald Trump, violando muchos de los derechos de migrantes que cruzan por territorio mexicano.

No se puede olvidar el fracaso en salud y económico ante la pandemia de la Covid-19, en la cual el número de infectados y muertos por su casa supera por el triple lo que se había considerado por la Secretaría de Salud y su figura mediática, Hugo López-Gatell. Aun con metodologías oscuras y datos falseados, hay un incremento en el número de decesos y una crisis económica brutal que lastima a quienes menos tienen. El manejo de esta crisis sanitaria se convirtió en un nuevo fracaso de este gobierno. 

Y quizá la gota que ha derramado más el vaso: la militarización por vía Guardia Nacional y directamente, con militares en las calles. Al más claro estilo del PRI de los años 60 y de igual manera que los últimos gobiernos (Calderón y Peña Nieto) no sólo mantienen a las fuerzas armadas en las calles, sino que lo legalizan e institucionalizan. Bendita democracia la de este gobierno.   

No obstante, el maniqueísmo retórico de la derecha pretende ubicar que hay un cambio verdadero si se regresan a los gobiernos del PRI o el PAN, como únicas posibilidades de la ciudadanía, sin embargo, la experiencia con los gobiernos de esos partidos fue catastrófica. Es claro que este gobierno no funciona como lo prometió o como la ciudadanía había construido las expectativas, pero regresar a opciones que dejaron al país en ruinas tampoco es la solución.

Faltan otras cuatro celebraciones y esperemos ver acciones que efectivamente respeten la verdad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y auténticas acciones en beneficio de quienes menos tienen. Si no se hacen, no hay nada que celebrar.

Picaporte

Qué curioso que no hayan salido órdenes de detención contra quienes estuvieron implicados en el caso Ayotzinapa y que todavía trabajan en los gobiernos de las entidades federativas. Abajo la vieja versión histórica, viene la nueva.

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Oscar Barrera Sánchez

Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA. Comunicador y filósofo por la UNAM y teólogo por la UCLG.