Juan Luis Hernández*

Axioma 1. Los regímenes no democráticos carecen de fundamento moral. En México se instaló la idea de que la alternancia partidista en los gobiernos, tanto nacional como subnacional, era la condición necesaria para avanzar a la democracia. Llevamos 20 años desde que el PRI perdió su hegemonía de 71 años de gobierno ininterrumpido y hemos aprendido que la alternancia no ha supuesto alternativa democrática. Los partidos de oposición que le arrebataron el poder al PRI, ya sea por negociación o por el mandato de las urnas, priizaron sus prácticas gubernamentales de clientelismo, autoritarismo, pero sobre todo, ausencia de mínimos éticos que orientaran la acción pública. El resultado está a la vista. Se instauró un modelo de gobierno básica y esencialmente para hacer negocios al amparo del poder público, se perfeccionaron las cadenas de corrupción para hacer imposibles seguimientos jurídicos, se desviaron miles de millones de pesos de los contribuyentes a cuentas privadas, probablemente a campañas electorales y otros destinos muy lejanos del interés público. En este sentido la ausencia de un fundamento moral del ejercicio de poder nos ha llevado consistentemente a un régimen no democrático.

Axioma 2. Los regímenes no democráticos niegan una ética pública que les limite y legitime su autoridad. Los gobiernos corruptos y autoritarios repelen e inhiben la crítica y los contornos que les suponga límites en su accionar kakistocrático (el gobierno de los peores). La negación de una ética pública por parte de los gobernantes de todos los partidos ha derivado en una putrefacción del Estado y sus instituciones. Las violencias atroces de las que somos testigos en estos días son apenas algunas consecuencias de la impunidad reinante de quienes deterioraron la acción gubernamental sin principios ni valores de servicio público, cuidado del interés común y gobernanza.

Axioma 3. En un régimen kakistocrático, la corrupción política se expande sin control, carente de referentes éticos, todo se vale, no hay límites para la maldad. Parece que el sexenio de Enrique Peña Nieto es el ejemplo de un régimen que naturalizó el saqueo público, que profundizó la corrupción ya existente y que no hubo ningún control democrático que lo impidiera. Y si nos vamos al accionar de los gobernadores de las últimas dos décadas, los Duarte de Veracruz y Chihuahua lideran el oprobio de las élites locales depredadoras.

Estos axiomas nos permiten analizar el caso Lozoya. ¿Hasta dónde llegó la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿de qué tamaño fue el saqueo a las arcas públicas? ¿Es cierto que si se investigara a fondo la corrupción del anterior gobierno, no alcanzarían las cárceles de México para encerrar a los corruptos? ¿en qué parte de la cadena de corrupción participó Lozoya y quiénes más forman parte de los beneficios del saqueo?

Emilio Lozoya es probablemente una de las piezas más emblemáticas para saber el modus operandi de la corrupción a gran escala ocurrida en México en los últimos 40 años. Por lo que sabemos hasta ahora, esa corrupción fue auspiciada, alimentada y naturalizada por los últimos gobiernos, pero también, seguida por segmentos empresariales, sindicatos, factureras, ciertas universidades públicas (Estafa Maestra), algunos organismos civiles, todos ellos en cadenas de saqueo público.

El 1 de julio de 2018 este modelo de corrupción expandida fue sancionado ejemplarmente por los electores y supuso la sanción política más dolorosa para priístas y panistas. Esta sanción al viejo régimen no es un cheque en blanco para Morena y el nuevo gobierno. El caso Lozoya tiene que demostrar que el gobierno, la fiscalía federal y el poder judicial están listos para un maxi proceso que sepa castigar a los ladrones de dinero público. Si sólo es un show mediático la sanción política será para los actuales gobernantes.

Nuestros vecinos en América Latina, sobre todo Guatemala y Perú, tienen ya la experiencia de haber podido procesar penalmente a sus ex presidentes por corrupción. México nunca lo ha hecho, ni siquiera a grandes peces de la política nacional. Hoy están en la fila Rosario Robles, Genaro García Luna y Lozoya como personajes de alto perfil que pudieran ser ejemplarmente sancionados por la justicia y empezar a reformar el régimen podrido. Es una gran oportunidad para desmontar las bases de legitimidad corruptas del viejo régimen. ¿Estamos listos como país para ello?

*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.