El auditor superior del estado, decidió iniciar una “auditoría preventiva” en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el fin de conocer el destino de los recursos otorgados a esa institución educativa. Considera que el destino de esos fondos debe ser transparentado.

Por otra parte, cuarenta y tres directores de la BUAP expresaron su convencimiento de que se viola la autonomía universitaria con la revisión que la Auditoría Superior del Estado realiza en las cuentas públicas de la institución sobre recursos federales, estatales y propios.

Desde luego, el gobernador apoya al auditor y dice que es una batalla perdida la defensa de la autonomía universitaria y el rector defiende esta autonomía.

Ante esta controversia recordé el caso del rector Samuel Malpica Uribe.

Una vez que el gobierno de Mariano Piña Olaya no consiguió amedrentarlo y hacerlo desistir de su lucha por la dignidad de la BUAP, usó la estrategia de implicarlo en delitos que lo llevaran  a la cárcel.

“Convencieron” a su esposa Guadalupe Moreda Torre para que presentara una denuncia por abandono de persona y lesiones en su contra, la que desde luego se tramitó con extrema rapidez y sigilo y se dictó la orden de aprehensión en su contra. Una vez recluido en el penal de San Miguel se integró una nueva averiguación previa por peculado en contra de la institución universitaria presentada por el rector  Mónico Juvencio Monroy Ponce. Teniendo la convicción de que se trataba de una venganza política, le pidió a su familia que se comunicara con el periodista Alejandro C. Manjarrez, convencido que por su trayectoria independiente y recta era el único que podría ayudarle a demostrar su inocencia.

Una vez que se estableció el contacto, Alejandro consideró que la mejor estrategia era que yo, su esposa, me encargara de su defensa. Tomando en cuenta mi calidad de mujer, ex diputada y abogada. Debo manifestar que me costó trabajo aceptar la encomienda pues conociendo el desempeño del poder sabía que sería una empresa muy difícil.

En primer término tuve que luchar contra Samuel pues había decidido emprender una huelga de hambre hasta que se resolviera su caso. Le dije que eso era lo que querían sus enemigos y que, por el contrario, debería nutrirse para estar completamente lúcido y enfrentar a sus acusadores. Me hizo caso y cada comparecencia de sus detractores resultó un triunfo mediático y jurídico para él. Así mismo lo convencí de que escribiera sus puntos de vista sobre la situación de la universidad y me comprometí a sacar sus artículos (dentro de mis zapatos) y llevarlos al Universal de Puebla, para su publicación, la verdad con gran nerviosismo.

Cada triunfo jurídico que obteníamos hacía que se recrudecieran las condiciones en que se encontraba y se le privaba de alimentos enviándolo a la celda de castigo. Por lo que me convertí en asidua visitadora de la comisión de los Derechos Humanos, en donde mi ex compañera de estudios Rosario Green, enviaba a su personal para que lo sacaran de su confinación.

Una de las ocasiones en que sucedió este castigo fue cuando en un desfile del 1º de mayo un grupo de universitarios entre los que se encontraba su hermano David, apedrearon el presídium y todos se refugiaron abajo del mismo: para mala suerte el bisoñé de Alberto Jimenez Morales se quedó atorado en una silla.

Desde luego, la juez cuarto de lo penal Margarita Palomino, realizó toda clase de artimañas para que no pudiera salir libre. Para ella el resultado fue su ascenso a magistrada y para nosotros un gran triunfo pues ganamos dos amparos y una revisión del Tribunal Colegiado de Circuito. Se estableció que la acusación no procedía porque un rector no es funcionario público y por ello no puede ser acusado de peculado. Inmediatamente se presentó una nueva orden de aprehensión pero ahora por fraude.

Finalmente la esposa de Malpica se desistió de su acusación y el ex rector Monroy declaró, después de que le increpara que lo volteara  ver a los ojos, que no tenía nada en su contra. Dijo que no ratificaba los cargos: “No tengo nada en contra de Malpica, como rector interino actué en defensa del patrimonio universitario, así que deberá ser la administración de José Doger la que ratifique o retire los cargos.”

En el último amparo el juez de distrito manifestó que “los argumentos de Margarita Palomino son totalmente ininteligibles, faltos de todo fundamento y conocimiento jurídico, lo que resulta extraño en una persona que debe ser perito en la materia”. Y la hicieron magistrada. A Malpica se le exoneró de cualquier responsabilidad en el fraude de que se le había acusado.

La defensa política también fue intensa y me dirigí al Secretario de Gobernación para informarle de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de Malpica, lo que me valió que Piña Olaya no me volviera a dirigir la palabra y tomara represalias de auditoría para uno de mis hijos.

Cambió la administración estatal y llegó Manuel Bartlett a la gubernatura. Hablé con él y me prometió que si ganábamos un nuevo amparo, no intervendría y lo dejaría en libertad, lo que sucedió y cumplió su palabra.

Finalmente un tribunal Colegiado de la Federación le otorgó el amparo definitivo y manifestó que la intervención del estado en las cuentas universitarias sí violaba la autonomía universitaria.

Obtuvo su libertad, recuperó su trabajo de investigador y le tuvieron que pagar sus honorarios durante el año que estuvo injustamente en prisión.

Lamentablemente fue asesinado hace unos años sin que se haya esclarecido el caso.

Lo que me extraña profundamente en este nuevo asunto es que algunos de los cercanos colaboradores y amigos de Samuel Malpica ahora estén apoyando la injerencia del gobierno en la autonomía universitaria. ¿Será qué hay mano negra detrás de este apoyo?

Los conceptos fundamentales de los argumentos presentados al juez de distrito y ratificados por el Tribunal Colegiado fueron los siguientes:

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no es servidor público. El cargo y función de rector solo lo obliga a acatar única y exclusivamente la ley orgánica, estatutos y acuerdos dictados por las autoridades universitarias. Por lo que su cargo se encuentra fuera del área de control y vigilancia del ejecutivo estatal. Quien carece de toda facultad legal, mando e interacción directa e indirecta para con el Rector, así como en cada una de las distintas áreas que conforman el ámbito de la autonomía universitaria; autonomía que da a la institución las características de personalidad, patrimonio y gobierno propios.

Aunque es una situación diferente la de ahora, la ASE solo tiene injerencia en la revisión de recursos que otorga a la universidad el estado. Y debe hacerlo conforme a derecho. Pues una simple notificación mal realizada puede echar abajo todo un largo proceso judicial. El famoso debido proceso. En caso de que la Auditoria Superior de la Federación le pida colaboración, debe existir un documento oficial que lo avale. Hasta ahora la ASF no está auditando a la Universidad. 

No se defiende la gestión de un rector en particular. Se defiende la autonomía de la universidad. La no intervención del estado en ésta y la posible imposición en las formas de educación adecuadas al gobierno en turno o el uso y manipulación de los estudiantes para fines políticos. Eso es por lo que se debe luchar. Para que la autonomía de la universidad se mantenga en los años que están por venir, y no se intente violar con actos que parecen intimidatorios, persecutorios y carentes de rigor legal.

alvarezenriqueta@hotmail.com